Mientras el Ejecutivo ratifica la eliminación del subsidio, el sector privado alerta que ceder a presiones sindicales y los bloqueos de caminos pondrán en riesgo las reformas estructurales que Bolivia necesita para atraer inversiones y generar empleo.
Mientras el Gobierno ratifica que el fin de la subvención a los combustibles se mantiene como eje central de su política económica, el sector empresarial advirtió que ceder a la presión sindical podría significar un retroceso en el proceso de cambio del modelo económico que Bolivia necesita con urgencia.
Tras la abrogación del Decreto Supremo 5503 y la aprobación del Decreto Supremo 5516, el ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero, defendió que la nueva norma conserva “la esencia” de la anterior: la eliminación de la subvención a gasolina y diésel para estabilizar la economía, frenar el contrabando y proteger a los sectores más vulnerables.
Romero sostuvo que el modelo previo era insostenible y que el retiro del subsidio permitió ahorrar $us 10 millones diarios, además de contener la inflación y estabilizar precios en la canasta básica.
“Esto es el inicio de la recuperación económica del país”, afirmó, al descartar que la decisión represente una marcha atrás.
Pero desde el sector privado surgieron alertas. La Cámara Nacional de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Bolivia (Caneb) advirtió que una eventual modificación del nuevo decreto, producto de acuerdos con la Central Obrera Boliviana, podría frenar reformas estructurales clave para al economía.
En un pronunciamiento, la Caneb saludó las decisiones orientadas a restablecer el libre tránsito y la normalidad productiva tras los bloqueos, pero alertó sobre el riesgo de “ceder a presiones sectoriales” que perpetúen un modelo económico agotado, incapaz —según la entidad— de atraer inversiones, generar empleo formal y garantizar el ingreso de divisas.
“El país necesita avanzar hacia un esquema productivo, competitivo y exportador, basado en la inversión privada, la seguridad jurídica y la integración a los mercados internacionales”, señaló la cámara empresarial.
No obstante, el ministro defendió que el nuevo decreto no representa una marcha atrás en la política económica, sino una corrección consensuada.
“Lo que espanta inversiones no es tomar decisiones firmes, es bloquear. Eso nos ha costado corredores comerciales”, afirmó.
En la misma línea, el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, dijo que el Gobierno dio señales claras de un viraje económico al dejar atrás el viejo modelo estatista.
“Se ha enterrado el modelo en el que el Estado asumía de manera exclusiva la inversión. Hoy la reactivación económica descansa en el sector privado”, sostuvo.
Morales destacó como un punto central la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, al señalar que esta política generaba pérdidas superiores a los 10 millones de dólares diarios, a lo que se sumaron —según dijo— más de 20 millones de dólares por día como efecto de los bloqueos.
No obstante, consideró “racional” el acuerdo alcanzado con la COB, al afirmar que permitió agotar la vía del diálogo y evitar una escalada de conflictividad social.
“Era fundamental preservar la paz frente a sectores radicales. El Gobierno ha luchado por la paz entre bolivianos”, señaló.
El dirigente agropecuario también saludó la decisión de mantener los bonos sociales y el apoyo a los sectores más vulnerables, al indicar que estas medidas benefician de manera indirecta a pequeños productores y agricultores de subsistencia.
Sin embargo, pidió que, tras la promulgación del nuevo decreto, el Ejecutivo retome de inmediato mesas de diálogo con los sectores productivos, para avanzar en políticas de biotecnología y fortalecimiento de las exportaciones como fuente de divisas.
Bloqueos
En tanto, Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), destacó que el acuerdo mantiene la eliminación de la subvención a los combustibles y afirmó que, pese al impacto que esta medida tiene en los sectores productivos, no se asumieron acciones de presión, considerando la situación económica que atraviesa el país.
“Repudiamos la continuidad de los bloqueos como mecanismo de protesta, una práctica que desde hace más de dos décadas viene destruyendo la economía nacional”, afirmó Frerking.
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El dirigente lamentó que se retroceda en la aplicación de medidas económicas y que no se implementen acciones estructurales para revertir la coyuntura adversa, lo que, a su juicio, implica insistir en un modelo económico que ha fracasado y ha conducido al país a una profunda crisis.
Ante el riesgo de una mayor afectación económica, el Comité Multisectorial demandó dejar las rutas expeditas y garantizar la transitabilidad durante los 365 días del año, además de promulgar una ley antibloqueos y aplicar normas y decretos propuestos por los sectores que forman parte de la cadena de abastecimiento.
A su turno, Osvaldo Barriga, presidente de la Caneb, alertó que el sector exportador deja de percibir entre $us 2,5 y $us 5 millones de diarios por la paralización de rutas y demandó hacer cumplir la ley.
En este contexto, los sectores productivos exigen rutas expeditas los 365 días del año y sanciones a quienes dañan al país.
Fuente: El Deber
