El Gobierno logró ampliar hasta el 6 de junio el plazo del Banco Mundial (BM) a Bolivia para que responda sobre la aprobación del crédito de $us 125 millones destinado al “Proyecto Mejora de Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia-IDTR II”, que aún no es aprobado por la Cámara de Senadores.
El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó este martes que tras una gestión lograron ampliar el plazo, luego que el Banco Mundial enviará una carta al Gobierno dándole 30 días para responder sobre la tardanza en la autorización legislativa.
“Se ha gestionado la ampliación de plazo para que pueda ser aprobado, para esperar a la Asamblea. La ampliación hemos logrado hasta el 6 de junio, es la gestión que realizamos. Claramente estas ampliaciones hacen quedar mal al país; es un programa para cambiar la vida de la gente”.
El lunes, la vocera del Ministerio de Hidrocarburos, Rocío Molina, reveló el ultimátum del BM y advirtió que otro préstamo, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estaría también en riesgo a causa de la demora en su aprobación.
Proyectos de crédito
Este martes, Cusicanqui se presentó en la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores para explicar los alcances de otros dos proyectos de ley sobre créditos que fueron derivados para su análisis.
Dijo que valora que al menos dos de las seis normas remitidas por la Cámara de Diputados sean analizadas en la comisión del Senado y espera que lo antes posible sean aprobadas y derivadas al pleno para su trámite.
Se trata del crédito para la construcción con pavimento del camino Faja Norte (Yapacaní) y el vinculado al mejoramiento y la ampliación a ocho carriles en la carretera La Paz-Oruro, tramo Senkata-Apacheta.
“Estamos valorando que se empiecen a tratar los proyectos de financiamiento externo; hemos tenido la oportunidad de explicar dos proyectos de ley. Creemos que es importante que se traten a la brevedad posible; y que sean aprobados en los siguientes minutos y remitidos al pleno”.
Asimismo, el ministro remarcó que mientras más tarden en su aprobación, el perjuicio y el riesgo son mayores no solo para la población que se beneficiará con esas obras, sino para el país, que deja una mala imagen ante los financiadores externos.
Tras su aprobación, seis proyectos de ley fueron remitidos a inicios de mes por la Cámara de Diputados al Senado; sin embargo, hasta la fecha solo dos fueron derivados a la Comisión de Planificación para iniciar su tratamiento.
LA RAZÓN
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