Ahoradigital – El diputado por Tarija, José Luis Porcel, afirmó que existe una alta probabilidad de que el Gobierno elimine la subvención a la gasolina y al diésel desde el 1 de enero de 2027, como parte del Presupuesto General del Estado (PGE) para esa gestión.
El legislador sostuvo que tiene casi la certeza de que la medida será incorporada en el presupuesto del próximo año, aunque su aplicación deberá conocerse a través de las disposiciones oficiales correspondientes.
Porcel advirtió que el retiro de la subvención podría provocar un incremento de los costos de transporte y producción, presiones inflacionarias y malestar social, con posibles movilizaciones de distintos sectores de la población.
“Esto va a generar elevación de costos, inflación, descontento en la gente y, por supuesto, manifestaciones en las amas de casa”, manifestó, según publicó La Voz de Tarija.
¿Qué pasará con el GLP?
Respecto al gas licuado de petróleo (GLP), utilizado por miles de familias para cocinar, Porcel señaló que el Gobierno estaría evaluando una eliminación selectiva de la subvención, debido al impacto que tendría un incremento generalizado en la economía de los hogares.
Entre las alternativas mencionadas por el diputado figura la posibilidad de implementar tarjetas para controlar la distribución de garrafas por familia y evitar el consumo duplicado o el desvío del producto hacia el contrabando.
El legislador aclaró que se trata de una modalidad que, según su versión, estaría en evaluación. Hasta el momento, no presentó detalles de un mecanismo aprobado ni de su eventual fecha de aplicación.
Porcel también señaló que una distribución controlada buscaría frenar el contrabando de GLP hacia Perú, donde, según afirmó, una garrafa puede superar los 120 bolivianos.
El acuerdo con el FMI, en el centro del debate
El diputado vinculó la posible eliminación de los subsidios con los compromisos asumidos por el Ejecutivo en el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según Porcel, el Gobierno también comprometió ajustes fiscales y una reducción del gasto corriente. En ese contexto, sostuvo que corresponde al Ejecutivo explicar cómo aplicará las medidas y qué consecuencias tendrán para la población.
El legislador espera que los compromisos se reflejen en el presupuesto que el Gobierno debe presentar ante la Asamblea Legislativa hasta finales de octubre.
La discusión sobre los combustibles se produce después del incremento del precio del diésel y en medio de la preocupación de sectores vecinales y económicos por el encarecimiento de los productos de la canasta familiar.
Por ahora, los alcances definitivos de los cambios para la gasolina y el GLP deberán establecerse mediante las disposiciones oficiales del Gobierno. La principal preocupación está en cómo se distribuirá el impacto económico y qué medidas de protección se aplicarán para los hogares de menores ingresos.
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