La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y la Cámara Forestal reportaron este miércoles una pérdida superior a los 50 millones de dólares a raíz del cargamento incautado y quemado en Chile. Ambas entidades solicitaron una reunión de emergencia con el presidente Rodrigo Paz para abordar el tema en la antesala de la visita oficial del mandatario chileno, José Antonio Kast, prevista para este viernes.
El presidente de la Caneb, Oswaldo Barriga, citado en una nota de prensa de la Cadex de Santa Cruz, precisó que el daño causado a los bolivianos del sector iba más allá de la millonaria afectación económica, ya que implicaba un perjuicio incalculable a la imagen internacional del rubro.
En la misma línea, el titular de la Cámara Forestal de Bolivia, Pedro Colanzi, apuntó que la medida aplicada por la Fiscalía chilena provocará que las exportaciones de madera y sus derivados apenas lleguen al 60% de su promedio histórico. Esta contracción comercial derivará en el peor año para la actividad forestal y provocará una caída de divisas y de empleos en el país.
Con estas cifras sobre la mesa, los directivos urgieron al jefe de Estado un encuentro para delinear una postura técnica oficial frente al accionar de las autoridades del país vecino.
Paz confirmó el domingo que recibirá a Kast en la Casa Grande del Pueblo este 16 y 17 de octubre para evaluar una agenda bilateral de 11 puntos.
Los exportadores esperan aprovechar esta cumbre presidencial para sostener también un diálogo directo con el mandatario chileno y sugerir el inicio de procesos administrativos contra los funcionarios que ejecutaron la destrucción de la carga.
Barriga manifestó que el objetivo de la cita es manifestar el rechazo al operativo y exigir “que se levanten todos los procedimientos y que dejen de perseguir al sector forestal empresarial exportador boliviano”.
Sobre el caso, que se originó en junio, los empresarios recordaron que la intervención se realizó bajo supuestos nexos con el narcotráfico, una situación que fue descartada por peritos internacionales con experiencia en la DEA.
Según Barriga, la decisión de quemar la mercancía se ejecutó pese a existir una orden fiscal que lo impedía, lo que eliminó la única evidencia a favor de los exportadores bolivianos.
“En junio de este año, un show mediático lanzado por fiscales y otras autoridades en Chile pusieron la imagen del sector forestal maderero exportador de Bolivia como si fuera un sector de narco-maderas, sin haber demostrado en ninguna de las ocasiones que hubiera habido un gramo de droga, de sustancias controladas, en alguno de los tablones de los que se incautó”, protestó el ejecutivo.
Correo del Sur
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