La reanudación de las facilidades de pago (FAP) por deudas tributarias incumplidas hasta el 31 de diciembre de 2024, le permitirá al Estado recuperar alrededor de Bs 3.214 millones hasta 2030, que serán coparticipados con los Gobiernos autónomos municipales y universidades públicas, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La medida está contenida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que establece un período de tres meses para que los contribuyentes con FAP incumplidas, puedan continuar con el pago de sus cuotas.
El artículo 11 del PGE 2025 dispone que los contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional podrán reanudar sus FAP con las mismas condiciones y beneficios establecidos en las resoluciones administrativas originales, incluso si las deudas se encuentran en ejecución tributaria, “siempre que reanuden los pagos hasta el 31 de marzo de 2025”.
“Los pagos parciales realizados tras el incumplimiento serán imputados como abonos a la deuda principal o multas pendientes, aunque se mantienen las medidas coactivas adoptadas con anterioridad a la constitución de las facilidades de pago”, señala la norma.
La reanudación de las FAP también suspende la ejecución tributaria y los sumarios contravencionales iniciados por la Administración Tributaria.
En caso de un nuevo incumplimiento, las FAP reactivadas serán ejecutadas, según lo estipulado por la Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y su Decreto Reglamentario, destaca la norma.
El alivio tributario fue incluido en el PGE 2025, en consideración al menor dinamismo económico que se presenta en la actualidad, razón por la cual algunos contribuyentes se ven imposibilitados de honrar sus obligaciones tributarias en los plazos previstos por la Administración Tributaria.
El Gobierno prevé recuperar Bs 339 millones en 2025, Bs 731 millones en 2026, Bs 660 millones en 2027, Bs 690 millones en 2028, Bs 685 millones en 2029 y Bs 49 millones después de 2030, cita la revista Bitácora Económica.
Estas cifras se basan en las cuotas pendientes de pago de las FAP vencidas al 30 de septiembre de 2024.
La Ley 1380, promulgada en julio de 2021, introdujo este mecanismo para dar continuidad a las FAP incumplidas por la crisis política que sufrió Bolivia en 2019 y la pandemia del Covid-19.
En ese contexto, las medidas de ejecución tributaria y las multas derivadas de los incumplimientos fueron suspendidas.
La norma permitió a los contribuyentes retomar las FAP vencidas desde agosto de 2021, manteniendo los plazos y condiciones iniciales.
También dispuso que, mientras las cuotas se mantengan al día, quedaban suspendidas medidas coactivas, como la retención de fondos en cuentas bancarias o pagos de terceros.
El nuevo periodo de regularización, previsto en el PGE 2025, busca ampliar el alcance de este alivio fiscal en un contexto de disminución del ritmo económico.
ABI
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