Joaquín Zenteno, gerente General de la Empresa Minera Paitití (Emipa) se encuentra con detención domiciliaria desde hace diez días por no haber acatado una disposición del Ministerio de Trabajo que le ordena reincorporar a 68 trabajadores a sus fuentes de empleo, a pesar que la privada paralizó sus operaciones y no genera ingresos.
La información fue proporcionada a Brújula Digital por el gerente de Operaciones de Emipa, Édgar Estrada quien señaló que la empresa no está en condiciones de reincorporar a 68 trabajadores que se niegan a cobrar sus finiquitos y beneficios que les corresponde por ley.
Advirtió que detrás de esa actitud hay un sistemático “acoso sindical” avalado por el Ministerio de Trabajo, debido a que algunos de los desvinculados son dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz.
“A finales de 2019 se tuvo que tomar esa decisión; de desvincular al personal por razones económicas, técnicas, geológicas y metalúrgicas; estábamos entrando en franca pérdida de casi 20 mil dólares diarios, por lo que se decidió parar las actividades con la intención de concentrarnos en mantenimiento y cuidado de equipo, algunas tareas de exploración de gabinete y preparación para el desarrollo de un futuro proyecto de óxidos planeado que se inicie el año 2023”, explicó.
Estrada indicó que a pesar que el Ministerio de Trabajo por una serie de presiones sindicales le conminó al Gerente General a recontratar a los 68 trabajadores que exigen su reincorporación, no se lo hizo porque el acatar esa disposición implicaría la muerte de la empresa.
“No se podría pensar en pagar sueldos a 68 trabajadores que no tienen nada que hacer en esa fase, eso le llevaría a la empresa a que muera y ese proyecto óxidos que es muy robusto se vería frustrado”, sostuvo.
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Señaló que la situación se ha convertido en un verdadero acoso sindical que terminó con la detención domiciliaria de Zenteno, máximo ejecutivo de Emipa, su arraigo y obligación de firmar dos veces por semana ante la Fiscalía.
“Estas presiones del sindicato de 68 personas, el 20% de la fuerza laboral, está poniendo en una situación muy complicada a la empresa. Le iniciaron al Gerente las demandas penales porque no cumplió la disposición del Ministerio de Trabajo y a pesar de haber ganado un amparo constitucional, el Ministerio ratificó su posición”, dijo Estrada.
El Gerente de Operaciones calificó de “medidas tremendamente arbitrarias” contra Emipa, el accionar de los desvinculados, lo que puso en máxima alarma a la casa matriz Corporación Minera Internacional Orvana, con base en Canadá, que evalúa su continuidad con el proyecto de óxidos.
“Llamamos la atención por ese hecho. No jugaremos así, porque se está poniendo en riesgo una inversión tremendamente importante para la región y el país, y más ahora en esta situación”, dijo.
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Explicó que inicialmente eran 224 personas que trabajan en Emipa, y que alrededor de 130 se retiraron sin mayor problema, cobrando todos sus beneficios de ley.
“En algún momento estas 68 personas dijeron que se les despidió en plena pandemia, pero las cartas de desvinculación datan de mucho antes del inicio de la pandemia, es más, en noviembre de 2019 el Gerente anunció su desvinculación”, aseguró.
Al momento dijo que Emipa cuenta con 38 personas en planilla dedicadas al estudio de factibilidad, estudio de laboratorio, trabajos de investigación y desarrollo de gabinete. “Es el número mínimo para realizar estas actividades para mantener nuestros derechos mineros porque es una empresa que ha logrado suscribir el contrato administrativo minero con el Gobierno boliviano”, indicó.
Inversiones en riesgo
Las decisiones del Ministerio de Trabajo han puesto a la Emipa “contra la pared”, según Estrada, ya que se pone en riesgo un proyecto de inversiones que oscila por los 50 millones de dólares.
“Vamos a ser la única empresa que se está lanzando a una inversión de esa naturaleza, en un momento en que se ven llegar pocas inversiones, particularmente en el sector minero. Somos una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, pero vemos un trato muy arbitrario en contra de nuestro Gerente”, dijo.
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Emipa empezó a trabajar en el precámbrico del oriente boliviano el 2003, pero según el responsable de operaciones empezó sus trabajos de exploración el año 1992.
Aseguró que la inversión pensada oscila entre 40 y 50 millones de dólares con una tecnología innovadora y “muy respetuosa del medioambiente”. Emipa extrae a cielo abierto oro.
Posición de Orvana
Juan Gavidia, CEO de la corporación minera internacional Orvana, visitó el país la semana pasada para expresar su preocupación ante las autoridades nacionales del sector, debido a la puesta en riesgo de una muy importante inversión que esta firma se encuentra desarrollando a través de su filial Emipa, principal operación minera del oriente boliviano desde 1992.
Destacó que a lo largo de los últimos 18 años, Emipa ha generado más del 70% de los ingresos del departamento de Santa Cruz por regalías mineras, o sea 360 millones de bolivianos, además de otros 47 millones para el municipio de San José. Igualmente, ha generado Bs 362 millones en impuestos para el tesoro nacional y Bs 31 millones en patentes mineras destinadas al desarrollo y exploración.
“Bolivia requiere hoy más que nunca inversiones en todos los ámbitos, considerando la crisis de su producción y mercados de gas, así como la necesidad de reactivar su economía, uno de cuyos pilares es la minería. Sin embargo, en lugar de atraer inversiones, hay quienes lamentablemente las ahuyentan, boicoteando así los esfuerzos de reactivación”, lamentó el CEO de Orvana.
Según explicó Gavidia, EMIPA se encuentra sufriendo acoso por parte de un grupo de extrabajadores, que desde 2020 presionan a la justicia para ser favorecidos con fallos que, en caso de ser ratificados, ocasionarían la quiebra de la empresa y la cancelación de su proyecto de procesamiento de Óxidos, que supone una inversión de Bs 83 millones en los próximos años, de los cuales ya se han invertido 22 MM.
Tomado de Brújula Digital
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