Bolivia enfrenta uno de los problemas sociales más extendidos y persistentes: el acceso a una vivienda adecuada. De acuerdo con un estudio desarrollado por Affordable Housing Institute (AHI) —referente mundial en políticas habitacionales— en colaboración con la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), el país registra un déficit superior a 1,5 millones de hogares, cifra que refleja la magnitud de un problema que afecta tanto a zonas urbanas como periurbanas.
En ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, —revela el documento sobre vivienda— el crecimiento acelerado ha generado una presión cada vez mayor sobre el suelo urbano, los servicios básicos y la capacidad de respuesta de los municipios. Solo en el eje metropolitano la demanda anual supera las 30.000 viviendas, mientras que la oferta formal no logra cubrir ni una fracción de esa necesidad.
El estudio elaborado por AHI y CBDI identifica tres factores estructurales que profundizan este déficit en Bolivia.
El primero es que se tiene un sistema financiero restrictivo: solo 15% de la población formal accede a crédito hipotecario. La cartera VIS (Vivienda Social) cayó cerca de Bs 1.000 millones en los últimos años, afectando la capacidad del sistema financiero para sostener la expansión del crédito.
En segundo lugar está el crecimiento urbano sin infraestructura completa. La expansión acelerada de El Alto y zonas periurbanas de La Paz, así como el crecimiento horizontal de Santa Cruz, supera la capacidad de dotación de servicios públicos, generando urbanizaciones informales y áreas no consolidadas.
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Finalmente están las políticas públicas insuficientes en relación al tema de vivienda. Los programas estatales no cuentan con instrumentos robustos de garantía financiera, lo que impide una articulación efectiva con bancos y desarrolladores.
El déficit habitacional no solo implica falta de infraestructura; afecta directamente la salud, seguridad y oportunidades educativas de las familias, especialmente de niños y jóvenes, concluye esta investigación. Las condiciones de hacinamiento y precariedad reducen la movilidad social y profundizan desigualdades.
Por otro lado, la construcción de vivienda es uno de los motores económicos más importantes. Según los datos recopilados, en 2024, el sector inmobiliario formal generó 130.000 empleos directos y cerca de 300.000 indirectos, dinamizando más de 40 actividades económicas conectadas a materiales, servicios e industria.
La aplicación de una política moderna permitiría duplicar la generación de empleo en el corto plazo, destaca la CBDI.
El estudio de AHI y CBDI plantea diversas propuestas, priorizando cinco medidas clave a corto plazo para modernizar el acceso a vivienda en Bolivia, sin aumentar el gasto fiscal.
La primera es la redirección del aporte del 2% de AEVIVIENDA. Esta acción transformaría este en una garantía de primer riesgo, permitiendo ampliar la colocación de créditos VIS.
Después está la reformulación del FOGAVISP. El objetivo es unificarlo en un fondo único, rotatorio y accesible para toda la banca.
Extender el crédito productivo del BDP al desarrollo inmobiliario formal y su cadena productiva es la siguiente propuesta, dada su incidencia en más de 40 sectores de la economía nacional.
Se plantea además un mecanismo de indexación para créditos del sector informal, ampliando la inclusión financiera al 85% de la población y reduciendo el riesgo para el sistema financiero.
Como última propuesta de este estudio está la actualización del tope del crédito VIS, ajustándolo a los costos reales de construcción de vivienda para la base de la pirámide.
Todas estas medidas permitirán contrarrestar el actual déficit de vivienda y fortalecer un rubro que está en crecimiento.
La Razón
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