El sostenimiento de la subvención a los combustibles en Bolivia representa actualmente uno de los mayores costos fiscales para el Estado, que destina alrededor de 60 millones de dólares por semana para mantener el precio de los carburantes en el mercado interno.
Así lo confirmó el viceministro del Tesoro, Óscar Navarro, al precisar que el gasto público vinculado a este subsidio se ha incrementado en las últimas semanas, principalmente por la diferencia entre los precios internacionales del petróleo y el valor regulado dentro del país.
En la misma línea, el vocero gubernamental José Luis Gálvez había estimado previamente que el costo de la subvención alcanza aproximadamente 55 millones de dólares semanales, cifra que refleja la magnitud del esfuerzo fiscal que realiza el Estado.
Este nivel de gasto se explica por la alta dependencia del país respecto a los combustibles importados, que representan cerca del 90% del consumo interno y que son adquiridos a precios internacionales, mientras se mantienen tarifas subsidiadas para el mercado local.
Ante este panorama, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz ha advertido que el esquema actual genera una presión creciente sobre las finanzas públicas y ha puesto sobre la mesa la necesidad de debatir su sostenibilidad.
El mandatario planteó que el país debe definir si los recursos estatales continúan destinados a sostener la subvención o si deben ser reorientados hacia áreas como salud y educación.
“Definir si los recursos estatales se destinan a la subvención o la inversión en salud o educación”, afirmó Paz, al referirse al debate que busca instalar su administración.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene vigente el esquema de precios regulados para los combustibles, con la gasolina en Bs 6,96 y el diésel en Bs 9,80, mientras que los grandes consumidores acceden a un régimen variable que eleva el costo del diésel hasta Bs 16,50.
El Gobierno también amplió el fondo destinado a cubrir la diferencia de precios mediante el Decreto Supremo 5705, que elevó el monto a Bs 6.000 millones desde el Tesoro General de la Nación, reflejando el aumento progresivo de la carga fiscal asociada al subsidio.
En este contexto, el debate sobre la continuidad o reformulación de la subvención se mantiene como uno de los principales desafíos económicos de la gestión actual.
Fuente: Correo del Sur
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