Analistas económicos coincidieron en que el levantamiento del subsidio a los combustibles y el paquete de medidas anunciado por el Gobierno en el Decreto Supremo 5503 era una decisión inevitable frente al deterioro fiscal y la falta de sostenibilidad del modelo vigente.
Los economistas Omar Velasco y Alberto Bonadona y el analista político Ricardo Paz señalaron que, si bien el ajuste era esperado, su aplicación genera tensiones sociales que deberán ser gestionadas con diálogo y políticas de compensación eficaces.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, Velasco afirmó que la población anticipaba esta decisión y recordó que el presidente Rodrigo Paz Pereira ya había advertido sobre la necesidad de corregir el esquema de subsidios durante la campaña electoral.
“Importar combustible caro y financiarlo con deuda externa no era sostenible”, sostuvo, al señalar que el país había llegado a un límite fiscal.
Decreto
Bonadona consideró que las medidas sociales, como el incremento del salario mínimo y los bonos, debieron aplicarse antes del ajuste para generar una percepción de alivio previo en la población. Aun así, remarcó que el retiro del subsidio no implica necesariamente aumentos automáticos en todos los precios y calificó como exagerados algunos incrementos de tarifas en el transporte público.
Desde una mirada más estructural, Paz defendió la eliminación inmediata del subsidio al calificarlo como una “hemorragia fiscal” cercana a los $us 2.000 millones anuales, que impedía cualquier intento de estabilización económica. En su criterio, el país no tenía margen para postergar la decisión, aunque reconoció que el impacto será “duro” en el corto plazo.
Los analistas coincidieron en que el principal desafío del Gobierno será acompañar el ajuste con señales claras de austeridad estatal, mecanismos de protección social efectivos y espacios de diálogo con los sectores sociales y productivos. De no hacerlo, advirtieron, el riesgo de conflictividad podría poner en peligro la viabilidad de las reformas.
Pese a estas advertencias, los especialistas subrayaron que el ajuste abre la posibilidad de ordenar las finanzas públicas y sentar bases para una recuperación económica sostenible, siempre que se logre distribuir de manera equitativa el costo de la transición y se fortalezca la confianza social en las medidas adoptadas.
La Razón
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