El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) iniciará en marzo el cobro del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), que se aplica a personas que poseen un patrimonio mayor a 30 millones de bolivianos.
La institución tomará en cuenta dinero en efectivo, dinero en entidades financieras, acciones, autos, casas, obras de arte, yates, aviones, joyas, antigüedades, artículos de colección, derechos de propiedad intelectual y otros.
Según el Decreto Supremo 4436, los bienes materiales serán valorados de acuerdo a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), valor de mercado o el valor establecido para el pago del impuesto. También se utilizará el valor admitido para efectos fiscales por el país donde se encuentre ubicado el bien o el valor de mercado.
Para los economistas, este impuesto tendrá más afectos negativos que positivos, debido a que ahuyenta las inversiones y creará doble cobro debido a que los municipios cobran impuestos de los bienes muebles e inmuebles. También consideran que generará ingresos mínimos porque no se aplica a personas que tienen grandes fortunas que permanecen en la informalidad.
Para el economista Gonzalo Chávez, el IGF no tendrá impacto en la economía debido a que se aplicará a sólo 152 contribuyentes, con los que el SIN pretende recaudar 100 millones de bolivianos, lo que representa sólo 14,5 millones de dólares. El monto no representa ni el 0,0035 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Explicó que para tener mayores ingresos el Gobierno debe hacer una reforma tributaria profunda y ampliar el número de contribuyentes.
“Sabemos que los ricos de Bolivia son sólo 152, estos ya están tributando, están en el sector formal. Pero tenemos otros grupos que han ganado mucho dinero en los últimos año y no pagan impuestos de ningún tipo; los nuevos ricos están en el comercio, minería, transporte, agroindustria y no son 152 son probablemente miles”, dijo.
Chávez considera que este tipo de impuestos debería dirigirse más a la generación de la riqueza, que está vinculada a la producción y al movimiento de divisas. “El IGF es un impuesto al patrimonio, si tienes casas, joyas, pinturas… está dirigido más al rico rentista, no al empresario generador de ingresos”, detalló.
El economista José Gabriel Espinoza considera que la recaudación es muy pequeña en relación al daño que puede generar. “Bolivia requiere traer capital, no ahuyentarlo. Lo que se hace es básicamente capturar un universo muy pequeño de personas que ya estaban tributando, pero se no hace nada por blanquear la base tributaria y traer a los informales a la legalidad. Se generan más incentivos para mantenerse en la ilegalidad”, dijo.
Añadió que este impuesto y el avalúo de bienes muebles e inmuebles generarán doble competencia porque los tributos de estos bienes se pagan ya en los municipios.
El criterio de valoración del Gobierno para calcular el IGF puede tomar en cuenta el valor catastral o puede ser también comercial o precio de venta. Al respecto, Espinoza cree que “estamos entrando en una situación peligrosa porque los gobiernos municipales calculan el valor de estos bienes con tablas de valores catastrales” y si el Gobierno nacional aplica otra valoración podría llevar a reclamos de los municipios o contribuyentes.
Indicó que las joyas, patentes y otro tipo de bienes son difíciles de hacer seguimiento y podrían no declararse o sufrir omisión dolosa de parte del contribuyente. También señaló que la valoración de una obra de arte es muy volátil y depende la demanda y la oferta.
El economista Germán Molina recomienda que la valoración de las grandes fortunas en bienes, activos financieros o joyas debiera realizarse mediante una declaración jurada con la finalidad de evitar omisiones.
IDENTIFICARÁN A LOS RICOS QUE NO PAGUEN EL IGF
REDACCION CENTRAL
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) identificará y sancionará a las personas que no se registren como contribuyentes del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y poseen más de 30 millones de bolivianos.
Losinfractores deberán pagar el tributo omitido y la cantidad de la sanción que será del 200 por ciento por incumplimiento de pago.
Las personas que posean de 30 a 40 millones deben pagar la alícuota es del 1,4 por ciento (150 mil bolivianos). De 40 a 50 millones bolivianos la alícuota es de 1,9 por ciento (350 mil). De 50 millones en adelante, la alícuota es 2,4por ciento (600 mil). Los bolivianos y extranjeros que radican en el país tienen que pagar el impuesto en efectivo hasta el 31 de marzo. Los que radican en el extranjero deben pagar hasta el 30 de abril.
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