Carlos Gill, el empresario venezolano propietario de La Razón, mantuvo en enero de este año dos videoconferencias con los periodistas y otros trabajadores de su medio de comunicación, a quienes les dijo que no se involucraba e la parte administrativa de la empresa. Seis meses después ordenó el despido de 97 trabajadores, sin pagar desahucio al hacer una intrincada interpretación de la ley.
“Yo no me meto en la parte editorial ni administrativa, no tengo tiempo. Nunca me he metido (…). Mientras más lejos está el dueño del medio, mejor para el medio”, dijo Gill en una de las conversaciones, reproducidas por el blog de noticias La H Parlante, que dirige el periodista Rafael Archondo.
Gill agregó en la teleconferencia que “nunca les he dicho qué publicar. Nadie les ha dicho a ustedes que salgan a defenderme. No lo pido, no lo reclamo. Incluso he permitido que saquen noticias en mi contra, para que vean que no me meto. Ni uno de ustedes me ha defendido. Nadie ha dicho nada, ni ustedes ni yo. Lo que hemos hecho es aguantar y aguantar las infamias”.
Como respuesta a ello, la directora de La Razón, Claudia Benavente, expresó que ella sí estaba dispuesta a defenderlo: “Yo me voy donde tú me necesites, yo no voy a renunciar nunca al apoyo a Carlos Gill, porque él ha confiado en mí casi 10 años, si es necesario lo acompaño a la Fiscalía”. El empresario acababa de decir que acudiría a una audiencia de la justicia boliviana si es que era citado.
Benavente fue precisamente la que recibió las órdenes de Gill para despedir a los 97 trabajadores el 1 de julio pasado, sin pago de desahucios y solamente recibiendo el 20% de lo que les corresponde como finiquitos. El resto se pagará en los próximos dos años, prometió la empresa, pero el sindicato teme que ello no se cumpla.
El libro Control Remoto, de Raúl Peñaranda, señaló que La Razón, además de PAT y ATB, eran parte de los medios denominados “paraestatales”, que recibieron millones de dólares en publicidad gubernamental durante el gobierno del MAS. Pese a esos ingresos, La Razón es uno de los diarios con mayores problemas financieros del país. Además de los 97 despedidos, otros 40 aceptaron voluntariamente renunciar a sus cargos debido a la falta de pagos de salarios durante varios meses.
Gracias a sus buenas relaciones con el gobierno, Gill logró hacerse cargo de las ferroviarias occidental y oriental (las únicas empresas estratégicas no nacionalizadas por el gobierno de Evo Morales), además de hacerse cargo de las obras civiles del teleférico, entre otras. El gobierno anterior controlaba la línea editorial de los medios paraestatales.
Acusado en Bolivia
Tampoco Gill cumplió su palabra de que asistiría a un proceso judicial en Bolivia. Fue acusado de haber facilitado la extorsión de Abdallah Daher, , que perdió a causa de ello el control de PAT. Gill no ha vuelto al país desde diciembre pasado.
En su relato, Archondo señala que al percibir Gill que solamente Benavente habló en su defensa, “Gill entiende que la disposición laboral a considerarlo un ‘padre’ o al menos un ‘amigo’ es casi nula en la sala. Decir que ‘todos somos una familia’, que ‘todos’ llevamos el apellido de La Razón’ o aludir al mismo techo no le ha servido de nada entre sus asalariados”
Entonces, al fin, dice Archondo, parece comprender y elabora una frase que, a estas alturas del conflicto, es lapidaria para él mismo: “Tenemos un problema moral”.
En el audio de la teleconferencia obtenido por La H Parlante, se escucha, agrega el relato, que los periodistas dicen, en tono de queja: “Periódico masista… periódico masista”.
Pese a esa certeza de los periodistas, Gill insiste en la independencia de su medio: “Ustedes saben que yo no me meto”, repite el empresario y les recuerda una y 10 veces que él nunca los ha instado a que escriban en uno u otro sentido (“que crucen a la derecha o crucen a la izquierda”), que jamás les ha pedido “que salgan a defenderlo”. Y entonces los periodistas, diseñadores, fotógrafos, trabajadores gráficos o chóferes sencillamente callan. Gill insiste: “Yo no puedo hablar, pero ustedes sí, ustedes tienen la tinta y el papel”. Sus palabras se encuentran con el silencio de todos.
Rubén Atahuichi, uno de los editores, es el único que se hace eco de lo afirmado por Gill: “Recuerdo bien la primera vez que nos reunimos con usted don Carlos en la oficina de Claudia. No me olvido de lo que nos dijo aquella vez: ustedes hagan periodismo que yo he venido a hacer negocios”. En la sala reina la suspicacia. Nadie aplaude a Atahuichi, menos a Benavente.
“Los aplausos estallan al escuchar la voz de Guadalupe (Tapia), la líder valiente del sindicato, o cuando Jorge Soruco, de la sección Cultura, dice con arrojo que el paro no lo decidió una cúpula, sino todos en asamblea a mano alzada. Jorge es el hijo de Juan Cristóbal, quien fue director del diario en los años 90. Lleva el periodismo en las venas”, dice el texto.
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