Surge un nuevo conflicto. El Decreto Supremo 5547, que autoriza la importación de grano de soya con arancel cero hasta el 31 de diciembre, abrió un nuevo frente de tensión entre la industria oleaginosa y los productores agrícolas. Mientras el sector industrial considera la medida clave para sostener la producción y la seguridad alimentaria, los agricultores advierten riesgos para los precios internos y la sostenibilidad del agro nacional.
Desde la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), su presidente Jorge Amantegui explicó que Bolivia produce alrededor de 3 millones de toneladas de grano de soya al año, pero cuenta con una capacidad instalada para procesar hasta 5 millones de toneladas. Ese desfase —dijo— obliga a las industrias a operar apenas al 65% de su capacidad.
“El déficit de casi 2 millones de toneladas de grano de soya limita la producción de subproductos como harina, aceite y cascarilla. El decreto es un mecanismo de compensación temporal, mientras se mejoran las condiciones del sector primario”, señaló Amantegui en contacto con Bolivia TV. No obstante, remarcó que aún es necesario conocer los alcances de la reglamentación de la norma.
El decreto establece la modificación del gravamen arancelario a cero por ciento para la importación del grano, con el objetivo —según uno de sus considerandos— de fortalecer la producción de subproductos de soya, insumo clave para la elaboración de aceite vegetal y alimentos balanceados.
De acuerdo con la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), estos derivados sostienen las cadenas productivas de carne de pollo, cerdo y res, además de leche y huevos.
Sin embargo, la medida fue duramente cuestionada por el Comité de Defensa del Productor (Codepro), que expresó su “profunda preocupación” y exigió al Gobierno revisar de inmediato el decreto e instalar una mesa de diálogo técnico con el sector productivo.
En un pronunciamiento público, el comité —que representa a pequeños y medianos agricultores— sostuvo que la producción agrícola ya enfrenta altos riesgos por factores climáticos, plagas y costos variables de insumos. A su criterio, el arancel cero añade incertidumbre sobre el precio del grano, uno de los elementos más sensibles para el productor.
Codepro afirmó que la producción nacional de soya cubre plenamente la demanda interna e incluso genera un excedente cercano al 80% para exportación, por lo que considera injustificada una importación sin consenso previo. Como antecedente, recordó el impacto negativo que tuvo la importación de arroz, que derivó en caída de precios y pérdidas económicas para miles de agricultores.
La organización también alertó sobre una competencia desigual frente a soya importada desde países con altos niveles de tecnificación, uso extendido de biotecnología y políticas estatales de apoyo, factores que podrían presionar a la baja los precios internos.
Como alternativa, los productores plantearon reducir costos en la cadena productiva mediante arancel cero para insumos agrícolas, agilizar la aprobación de biotecnología y fortalecer la tecnificación del agro. Finalmente, exigieron garantías de precios justos y políticas de protección frente a distorsiones del mercado internacional, advirtiendo que, de no ser escuchados, no descartan medidas de presión.
El Deber
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