Ahoradigital – En medio de las repercusiones por la eliminación de la subvención al diésel, el debate sobre el tamaño y el costo del Estado vuelve a tomar fuerza. El economista Gonzalo Chávez cuestionó al Gobierno por no haber tomado decisiones sobre las empresas públicas consideradas deficitarias, pese a que, según señaló, ya transcurrieron 10 meses desde el inicio de la actual gestión.
Chávez sostuvo que el Gobierno ha destinado demasiado tiempo a estudios y evaluaciones sin avanzar en decisiones concretas. Como ejemplo, mencionó una empresa estatal dedicada a la producción de papas fritas instalada en El Alto, que demandó una inversión de 23 millones de dólares y que, de acuerdo con un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), presenta una situación deficitaria.
“Hemos perdido 10 meses”, afirmó Chávez, quien consideró que falta una decisión política para avanzar con el cierre o reestructuración de las empresas que no son viables.
El economista planteó que el ajuste aplicado al precio de los combustibles debería estar acompañado por medidas dentro del aparato estatal, aunque también aclaró que una parte importante del déficit fiscal está vinculada a la subvención de los combustibles.
La discusión se produce en un momento en que el Gobierno enfrenta presiones para reducir el gasto público. El programa acordado con el Fondo Monetario Internacional contempla, entre otras medidas, la reestructuración de empresas públicas que no sean viables, con el objetivo de reducir pérdidas y riesgos fiscales.
En julio, además, la OFEP informó que había identificado 15 empresas públicas consideradas “quebradas”, entre ellas Yacana, YLB, Karachipampa, Quipus, TAM, EBIH, Easba, Mutún, B-Agro, BoA y el Teleférico. Posteriormente, la entidad presentó un informe confidencial con recomendaciones técnicas para cada empresa, pero esas medidas todavía no fueron hechas públicas.
Mientras el Gobierno avanza con el ajuste económico, el debate ahora se centra en cuánto del costo de ese proceso recaerá sobre la población y cuánto deberá asumir el propio Estado mediante reducción de gastos, reestructuración de empresas y otras medidas.
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