En respuesta al rechazo generado por la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), el Gobierno convocó este jueves a mesas de diálogo con los sectores que exigen la abrogación de esta controvertida norma, la cual otorga a las entidades estatales la facultad de decomisar mercadería.
La iniciativa busca encontrar una solución concertada frente a las críticas de gremialistas y productores agrícolas, quienes consideran que la disposición afecta directamente sus actividades económicas.
El Ministro de Justicia, César Siles, aclaró este jueves que la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) busca garantizar el abastecimiento y la regulación de alimentos esenciales, sin afectar al comercio minorista ni a los gremialistas que operan de manera legal.
«Quiero aclarar al pueblo boliviano, desde el punto de vista legal, que la disposición adicional séptima hace una clara diferenciación entre cuatro verbos rectores: el control y la fiscalización, como funciones de instituciones competentes que dependen de nuestros ministerios, para garantizar el abastecimiento y disponibilidad de alimentos esenciales», señaló Siles en una conferencia de prensa.
El funcionario subrayó que el Gobierno no tiene intención de perjudicar a los gremialistas ni al comercio minorista. «Al contrario, lo que se hace es precautelar la alimentación, el abastecimiento y el justo precio para todos los bolivianos y bolivianas», aseguró.
En este contexto, Siles reiteró la apertura del Gobierno al diálogo con los sectores movilizados que rechazan la normativa. «Estamos abiertos al diálogo constructivo, a escuchar comentarios y sugerencias, y también a trabajar en la reglamentación de este artículo de manera conjunta, como establece la misma disposición adicional séptima», manifestó.
El Ministro informó que la invitación a las reuniones se está realizando tanto de manera pública como formal, a través de comunicaciones escritas. Las mesas de diálogo están previstas para la próxima semana, entre lunes y miércoles, en la ciudad de La Paz, con encuentros programados por separado con cada sector.
«Entendemos la importancia de cada sector, por lo que dedicaremos mañanas y tardes a estas reuniones. Ya hemos tenido un par de encuentros la semana pasada, y confiamos en que podamos concluir el diálogo de manera satisfactoria», concluyó Siles.
La autoridad detalló que invitaron a organizaciones como la CAO y la Cadex, entidades empresariales de Santa Cruz, además a se cursos invitación al representantes del sector gremial.
La disposición séptima, que otorga facultades de control y decomiso a las entidades estatales, ha generado rechazo en sectores gremiales y productores, quienes temen que la medida afecte sus actividades económicas. No obstante, el Gobierno busca a través del diálogo aclarar los alcances de la normativa y construir una solución consensuada.
EL DEBER
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