Un estudio realizado por el economista Gabriel Espinoza señala que más o menos dos de cada 10 litros de bebidas alcohólicas consumidas en Bolivia tienen origen ilegal, ya sea contrabando, falsificación, adulteración o producción ilícita.
De acuerdo con los datos, de 3.994 hectolitros de bebidas consumidos en 2022, 798 (20%) provienen de origen ilegal.
Detalló que más de la mitad del mercado ilegal de bebidas alcohólicas está vinculado a la cerveza, sobre todo por el contrabando desde Argentina y Brasil.
En total, las bebidas ilegales representan en términos monetarios cerca de 380 millones de dólares por año, indicó Espinoza.
Tomando en cuenta la carga fiscal que existe respecto a este tipo de productos, el economista estimó que se deja de percibir 220 millones de dólares para las arcas del Estado.
“No solamente es un problema fiscal. Entendemos que el consumo de alcohol ilegal adulterado no responde a los estándares mínimos para consumo humano. Generan también problemáticas en distintas índoles, afectan a la población vulnerable, sabemos también que por el costo que tienen en el mercado principalmente son demandados por población de menores recursos, usualmente jóvenes. Tiene efectos nocivos sobre el sistema de salud”, acotó.
Haciendo comparaciones, el economista señaló que con el dinero perdido por los tributos de las bebidas ilegales de 2016 a 2022, se podrían haber construido 22 nuevos hospitales de tercer nivel.
Asimismo indicó que los tributos perdidos por esta actividad ilegal representan el 40% el total del Bono Juancito Pinto.
“También los niveles de gobierno que están más afectados son principalmente municipios y gobernaciones, básicamente porque gran parte de este costo fiscal es coparticipable”, acotó.
Entre los factores que alientan el contrabando, Espinoza señaló que la carga tributaria en Bolivia sobre las bebidas alcohólicas es mayor que otros países de la región, además la diferencia del tipo de cambio y factores culturales.
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