El Gobierno convocó para la próxima semana a reanudar el diálogo a los sectores que objetan la disposición adicional séptima de la Ley de Presupuesto General del Estado, que apunta a luchar contra el agio y la especulación de productos de la canasta familiar desde todos los niveles de la administración central del Estado.
La convocatoria pública fue hecha por el ministro de Justicia, César Siles, y sus colegas de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, y de Desarrollo Rural, Yamil Flores.
“La invitación que se está haciendo de manera pública, a través de los medios de comunicación, también se la está formalizando de manera escrita el día de hoy. Es una invitación a reuniones por separado. Entendemos la importancia que tiene cada sector. Estamos dedicando una mañana y una tarde, y así sucesivamente, entre los días lunes y miércoles de la próxima semana en la ciudad de La Paz, concretamente en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional”, explicó Siles.
La invitación está dirigida a los representantes de la Cámara Nacional de Industria (CNI), de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), de la Cámara de Exportadores de Bolivia y a los gremiales que anunciaron movilizaciones a partir del 10 de febrero si el Gobierno no deroga la disposición séptima de la Ley 1613 Presupuesto General del Estado – Gestión 2025.
Esta disposición “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
De acuerdo con autoridades del Órgano Ejecutivo, con esta disposición todos los niveles de gobierno del Estado contarán con el respaldo legal para realizar los operativos de control y comercializar a precio justo los productos decomisados.
Ante el rechazo de distintos sectores, el Gobierno nacional aclaró que la disposición no entrará en vigor en tanto no se elabore en consenso un reglamento.
Con ese fin se reunió con gremiales de la ciudad de El Alto y de otros departamentos, quienes aseguraron que serán parte de la reglamentación.
De hecho, Siles se reunió con varios de estos sectores. El ministro Flores invitó a un nuevo encuentro al presidente de la CAO, José Luis Farah, y de la Camex, Osvaldo Barriga, en la ciudad de Santa Cruz, el lunes 20 de enero, pero éste no se pudo concretar por el rechazo de ambos a la normativa.
Durante su mensaje al país por los 16 años del Estado Plurinacional de Bolivia, el miércoles, el presidente Luis Arce señaló que esta disposición “no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante; no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales, sino, por el contrario, utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito de agio y especulación y afecten el bolsillo de las bolivianas y boliviano”.
Siles enfatizó que la disposición busca precautelar “el abastecimiento de alimentación y el justo precio para todos los bolivianos y bolivianas”.
“Estamos abiertos al diálogo constructivo, estamos abiertos a escuchar comentarios, a escuchar sugerencias y en su momento también a nosotros realizar propuestas, realizar planes de implementación como la misma disposición adicional séptima señala, trabajar conjuntamente la reglamentación de ese artículo”, insistió el ministro.
ABI
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