El rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo régimen para la comercialización del diésel a grandes consumidores, se amplía entre sectores productivos y del transporte, mientras algunas organizaciones ya plantean medidas de presión si el Gobierno no da marcha atrás.
A una semana de la vigencia de la norma, al menos ocho sectores expresaron su oposición y coinciden en pedir su abrogación. Entre ellos están productores del norte de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Confeagro, transportistas, arroceros, cañeros y campesinos del trópico de Cochabamba.
En el norte cruceño, representantes de las provincias Warnes, Obispo Santistevan, Sara e Ichilo dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para eliminar el decreto, al considerar que afecta directamente al sector agroproductivo.
Mientras tanto, productores de San Juan realizaron una marcha hasta Santa Fe y dieron 24 horas al Ejecutivo para abrogar la norma.
La CAO también cuestionó el decreto y anunció un congreso extraordinario para este jueves, donde se analizarán nuevas acciones. Su presidente, Klaus Frerking, advirtió que el incremento de los costos de producción podría terminar afectando a los precios de los alimentos.
Confeagro, por su parte, pidió la abrogación del Decreto 5676 y planteó además liberar la importación y comercialización de carburantes, junto con la eliminación del IVA y el IT aplicados a la comercialización de combustibles.
Los transportistas también se declararon en estado de emergencia. La Confederación de Choferes de Bolivia anunció que convocará a un ampliado nacional y anticipó que podrían asumir medidas de presión por el decreto y los problemas de abastecimiento de combustible.
El sector arrocero y los productores cañeros se sumaron a las críticas, mientras los campesinos del trópico de Cochabamba también rechazaron la eliminación de la subvención para grandes consumidores y cuestionaron otras medidas relacionadas con los carburantes.
El Decreto Supremo 5676 establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, mientras que para transportistas, familias, particulares y pequeños negocios se mantiene el precio de Bs 9,80. El Gobierno sostiene que la medida busca regularizar el abastecimiento y reducir las filas en los surtidores.
Con los plazos otorgados por distintos sectores y la posibilidad de nuevas protestas, el conflicto por el precio y la distribución del diésel amenaza con escalar durante los próximos días.
Ahoradigital
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