Ahoradigital – La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) cifró en aproximadamente $us 340 millones los pagos pendientes del Estado a empresas operadoras del sector, una deuda que, según la entidad, se acumuló durante casi tres años y está afectando la capacidad de reinversión de las compañías.
La vocera de la CBHE, Zulema Espejo, explicó que los recursos corresponden a la denominada retribución al titular, mecanismo mediante el cual los ingresos generados por la producción de hidrocarburos son distribuidos entre el Estado, YPFB y las empresas operadoras, una vez que el producto es entregado y comercializado.
Según Espejo, la parte correspondiente a los operadores no estaría llegando de manera completa y oportuna. La representante sostuvo que el problema no se limita a las petroleras, sino que también afecta a empresas proveedoras de servicios y otros actores vinculados a la actividad hidrocarburífera.
La CBHE calcula además que la reducción de actividades provocó la salida de aproximadamente 6.000 trabajadores especializados, quienes migraron hacia otros países o sectores económicos en busca de oportunidades laborales.
Otro dato que refleja la situación del sector es el nivel de actividad exploratoria. Según reportes de la CBHE, solo uno de los equipos de perforación estaría actualmente trabajando en Bolivia, mientras otros diez permanecen paralizados, escenario que la entidad vincula con la falta de inversiones y los problemas financieros acumulados.
La organización empresarial plantea que, además de regularizar los pagos pendientes, el país necesita recuperar la confianza de los inversionistas y establecer un nuevo marco normativo que permita atraer capital y desarrollar nuevos proyectos de exploración.
Espejo también advirtió sobre la situación de las reservas de gas. Según su evaluación, Bolivia no estaría reponiendo sus reservas al mismo ritmo que consume y todavía no existe un nuevo megacampo que permita garantizar la continuidad de la producción.
En ese contexto, la representante de la CBHE consideró real el riesgo de que Bolivia tenga que importar Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el corto plazo. Explicó que reponer reservas y desarrollar una nueva operación hidrocarburífera requiere varios años, por lo que las decisiones actuales tendrán efectos sobre el abastecimiento energético futuro.
La denuncia sobre los $us 340 millones pendientes vuelve a poner en el centro del debate la situación financiera de la industria hidrocarburífera boliviana, en un momento en que el país enfrenta una menor producción y la necesidad de aumentar la exploración para recuperar sus reservas.
Ahoradigital.
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