Las exportaciones bolivianas a través del Puerto de Arica, en Chile, generan posiciones encontradas entre el Gobierno y el sector exportador. Mientras la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) asegura que las operaciones se desarrollan con normalidad, exportadores denuncian retrasos de hasta cuatro semanas que están afectando la logística y los costos del comercio exterior.
En un comunicado, la empresa estatal explicó que realiza un seguimiento permanente a la operativa de la carga boliviana en el puerto chileno y señaló que las demoras registradas están vinculadas al refuerzo de controles aplicados por autoridades chilenas para detectar cargas ilícitas.
“Las demoras denunciadas en los despachos de exportación se encuentran asociadas al fortalecimiento de los controles y procesos de fiscalización por parte de las autoridades competentes del vecino país”, indica el documento.
Según la ASP-B, estas verificaciones generan mayores tiempos de revisión en los procesos de despacho, especialmente en las exportaciones. Sin embargo, la entidad sostuvo que los operadores que canalizan sus trámites a través de la institución continúan desarrollando sus actividades “con total normalidad”.
La estatal también indicó que mantiene coordinación con las instancias involucradas en el puerto para optimizar los procesos operativos, mitigar impactos logísticos y resguardar los intereses del comercio exterior boliviano.
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Exportadores alertan sobre sobrecostos
Desde el sector privado, la evaluación es distinta. La Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco) presentó un informe técnico junto al diputado Luis Laredo en el que advierten que las exportaciones enfrentan retrasos de hasta cuatro semanas en la terminal portuaria.
El documento detalla que aforos físicos y documentales, ruptura de precintos y el envío de muestras a laboratorios en Santiago de Chile están provocando sobrecostos logísticos, pérdida de reservas en buques y afectaciones a la confiabilidad comercial de las empresas bolivianas.
Durante la presentación del informe, Laredo afirmó que el problema ha superado el ámbito operativo y se ha convertido en un tema de interés nacional.
“Cuando una cadena logística se vuelve imprevisible, el problema deja de ser sectorial y se convierte en un asunto de interés nacional. El Estado debe garantizar seguridad jurídica, previsibilidad y condiciones para que la producción boliviana llegue al mundo”, sostuvo.
El legislador anunció que el informe será remitido a la Cancillería de Bolivia para activar gestiones diplomáticas orientadas a agilizar los análisis de laboratorio, revisar los procedimientos de inspección y restablecer tiempos razonables para la salida de la carga.
Impacto en divisas y competitividad
El presidente de Cadexco, Juan Carlos Ávila, señaló que los retrasos están generando importantes perjuicios económicos para las empresas exportadoras.
“Se están generando demoras innecesarias, se están rompiendo precintos y las muestras están demorando bastante en su análisis. Esto está generando grandes perjuicios para el sector exportador”, indicó.
Ávila explicó que la situación afecta la rotación de capital, incrementa los costos operativos y compromete la imagen del país ante compradores internacionales. Además, advirtió que el problema podría repercutir en el ingreso de divisas al país.
“En la medida en que se generan estos perjuicios, estamos dejando de generar el ingreso de divisas para Bolivia. El roleo y el almacenaje están generando costos adicionales innecesarios”, afirmó.
El sector exportador aclaró que no se opone a los controles en el puerto chileno, pero pidió que estos se apliquen con eficiencia y proporcionalidad para evitar perjuicios sistemáticos a operadores formales.
Mientras tanto, desde la esfera parlamentaria se insistió en que Bolivia respeta la soberanía de Chile y la necesidad de controles rigurosos, pero que estos no deberían afectar de forma recurrente la salida de la producción boliviana hacia los mercados internacionales.
El Deber
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