Quince días de operativos continuos permitieron a la Policía y al Ministerio Público avanzar en el desmantelamiento de la estructura criminal que Sebastián Marset consolidó en Santa Cruz, una red que combinaba refugios itinerantes, logística aérea y un sistema de seguridad armado.
Las acciones se extendieron desde la capital cruceña hacia municipios como Porongo, Warnes y, más recientemente, Guarayos, donde ayer se allanó el salón de eventos La Glorieta. En el lugar, según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Nelson Campos, se secuestraron DVR y documentación que serán analizados dentro del proceso de investigación que está en curso.
El operativo fue ordenado por el juez Primo Flores y contó con la participación de los fiscales Ismael Palenque y Daniel Herrera. Aunque en este inmueble no se encontraron evidencias directas de narcotráfico, forma parte de una serie de al menos 20 allanamientos ejecutados en casonas de lujo, quintas y otras propiedades en Santa Cruz, Porongo y la zona del Urubó. Estos espacios, según las pesquisas, fueron usados como refugios y centros de operación “itinerantes” que permitieron a Marset desplazarse con protección armada.
Uno de los hallazgos más relevantes fue la confirmación de una estructura con fuerte componente aéreo. Las autoridades identificaron que el narcotraficante operaba un “puente aéreo” entre Bolivia y Paraguay, respaldado por la incautación de al menos 10 aeronaves vinculadas a su organización.
El rol del Beechcraft
Entre las naves secuestradas destaca un Beechcraft King Air, considerada parte del núcleo operativo del grupo. Se trata de una aeronave ejecutiva de mediano alcance, con capacidad para cuatro pasajeros y una autonomía mínima de cinco horas de vuelo. Además, puede operar en pistas cortas y no pavimentadas, lo que le permitía realizar desplazamientos rápidos y discretos dentro de la región y fuera del país.
El avión fue trasladado por pilotos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) hasta el aeropuerto El Trompillo, donde permanecerá bajo custodia en el hangar del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana de la Policía.
Este tipo de aeronaves, junto con otras encontradas en el aeródromo Coloradillo de Warnes, refuerzan la hipótesis de que la red de Marset contaba con capacidad de movilidad estratégica para el transporte de sustancias controladas a escala regional, es decir a varios países sudamericanos.
Además, otras seis aeronaves vinculadas con la investigación contra el narcotraficante uruguayo fueron puestas bajo custodia estatal, informó el director nacional de Dircabi, Héctor Montes.
“Se ha hecho un inventario cruzado: lo que trasladaba la Fuerza Aérea verificaba la Policía y viceversa, para tener certeza y tranquilidad sobre estas aeronaves”, explicó Montes y destacó la relevancia de la cooperación interinstitucional en este caso.
El alcance económico de esta estructura también comienza a dimensionarse. De acuerdo con las investigaciones, los bienes incautados —que incluyen inmuebles, vehículos de alta gama, aeronaves y armamento— superan los 15 millones de dólares, aunque no se descarta que el monto sea mayor, dado que la organización aún no ha sido completamente desarticulada a pesar de la movilización que está en curso. Uno de los hallazgos que llamó la atención fue el de una vagoneta Merecedes Benz AMG con blindaje tipo siete, el más alto con el que se cuenta.
En paralelo, la Felcn activó una auditoría sobre los bienes incautados desde 2023, cuando Marset logró evadir a la Policía. El director nacional de esta unidad, coronel Franz William Cabrera, confirmó que existen versiones que señalan que algunos activos fueron devueltos por la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) por instrucción de autoridades superiores, un aspecto que ahora también es objeto de otra investigación vinculada con este caso.
Las autoridades sostienen que la captura de Marset, el pasado 13 de marzo, marcó solo el inicio de un proceso más amplio. Hasta la fecha, 19 personas —entre bolivianos, colombianos, uruguayos y ecuatorianos— vinculadas a su anillo de seguridad fueron detenidas y enviadas por orden judicial a cárceles de máxima seguridad.
El Deber
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