La Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia (CNIB) afirmó el sábado que el Decreto Supremo 4732 previene cláusulas abusivas en los contratos de preventa de bienes inmuebles y que no guarda relación con la compra venta de bienes inmuebles entre particulares, por lo que defendió que la norma supone un avance importante en la protección de los derechos de los consumidores.
“El Decreto Supremo No 4732 es una disposición normativa destinada a la prevención de cláusulas abusivas en los contratos de preventa de bienes inmuebles, cuyo objeto no guarda relación con la compra venta de bienes inmuebles entre particulares”, afirmó la CNIB en un pronunciamiento.
En los últimos días, algunas organizaciones del sector gremial y legisladores de oposición y de la línea “evista” cuestionaron el Decreto Supremo 4732 argumentando que la norma obliga a las personas a pedir autorización al Ministerio de Justicia para la compra o venta de una casa, algo que fue desmentido por el Gobierno.
Las autoridades de Gobierno aseguran que esta norma ya tiene dos años de vigencia y que se aplica para proveedores de bienes inmuebles en la modalidad de preventa, por lo que no afecta a las personas que quieren hacer transacciones con sus propiedades.
Entre 2022 y lo que va de 2024, la norma logró la restitución de casi $us 1 millón a favor de víctimas de inmobiliarias o empresarios.
La CNIB, en ese sentido, considera que este decreto introduce importantes avances en la protección de los derechos de los consumidores y promueve prácticas comerciales más transparentes y equitativas al permitir que todos los contratos de preventa de inmuebles cuenten con una certificación que garantice la ausencia de cláusulas abusivas.
“Esta medida asegura que los compradores reciban información completa y veraz sobre los bienes inmuebles, reduciendo el riesgo de prácticas comerciales desleales”, afirma la CNIB.
Asimismo, la organización resalta que el decreto establece parámetros claros para la certificación de los contratos, incluyendo la identificación del propietario, la verificación de la propiedad del inmueble y la obligación de entregar el título de propiedad, una vez finalizado el pago.
Esto proporciona mayor seguridad jurídica a compradores y vendedores y fomenta un mercado inmobiliario más confiable, añade.
Además, la normativa establece mecanismos para la denuncia y reclamación ante el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, en casos de incumplimiento, lo cual asegura “que los consumidores tengan vías efectivas para hacer valer sus derechos y recibir las compensaciones correspondientes cuando se detecten irregularidades”.
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