El Gobierno a través del ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina reveló que 31 áreas reservadas para YPFB para tareas de operaciones de exploración y explotación hidrocarburífera se sobreponen a parques naturales y áreas protegidas.
“De acuerdo a lo informado por la estatal petrolera, existen 31 áreas reservas a favor de YPFB que se encuentran sobrepuestas en parques naturales y áreas protegidas, cabe señalar que las mismas no se sobreponen a la totalidad de la superficie de las áreas protegidas” señala la respuesta dada por Molina a la Petición de Informe Escrita (PIE) formulada por el senador de Creemos, Henry Montero.
Al ser consultado sobre las actividades de exploración y explotación en parques naturales y áreas protegidas, confirma que se realizaron estudios G&G, además de perforación de pozos exploratorios y de desarrollo e instalación de facilidades de producción, observando la normativa ambiental vigente.
“Los resultados obtenidos reflejan en la ampliación de la frontera exploratoria del país y la explotación de campos”, indica el informe fechado el 3 de mayo.
La PIE también solicitó informar con qué empresas nacionales o internacionales se han suscrito convenios/contratos de estudios para la realización de actividades de exploración, bajo qué criterios fueron adjudicados y cuáles fueron los resultados entre el 2010-2020.
YPFB respondió en sus respuestas que los estudios realizados por las empresas nacionales o internacionales son producto de la expresión de interés de estas, en realizar evaluaciones hidrocarburíferas de acuerdo a la prospectividad de cada área reservada a favor de YPFB.
Dichas evaluaciones se denominan Convenios de Estudio (CE) y Proyectos Iniciales Exploratorios (PIE) y se autorizaron o suscribieron amparados en el decreto supremo 29130 de 12 de mayo de 2007, la resolución ministerial 128/16 de 20 de junio 2016 y sus modificaciones, así como el reglamento para la ejecución de actividades de exploración de hidrocarburos en áreas reservadas a favor de YPFB y/o en áreas libres aprobado mediante resolución del directorio de YPFB.
“En el periodo 2010-2020 se suscribieron 54 convenios de estudios y 28 proyectos inicia les exploratorios con las empresas”, señala la respuesta oficial de YPFB.
Cejis advierte potenciales conflictos
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) a través de su director ejecutivo e investigador, Miguel Vargas, advierte de potenciales conflictos territoriales por la expansión de la frontera extractivista. Precisa que al menos, 18 territorios indígenas se ven sobrepuestos por las 106 áreas reservas por YPFB para la exploración y explotación hidrocarburífera, sin mencionar la frontera minera ilegal expansiva.
“Entre 2010 y 2020 se logró determinar un impacto del 42% de la superficie de territorios indígenas en tierras bajas que han sido afectados por incendios forestales, 300 mil hectáreas deforestadas anualmente para ampliar la frontera agrícola, y el 36% de la superficie reconocida a favor de los pueblos indígenas, alrededor de 18 pueblos se encuentran sobrepuestos a áreas reservadas a la exploración hidrocarburífera”, afirmó.
Señaló que la sobreposición de áreas hidrocarburíferasafecta también a pueblos indígenas en aislamiento voluntario y/o contacto inicial. “Quiere decir que las tareas de exploración en la Cuenca Madre de Dios, donde YPFB le está poniendo una especial atención se van a tener conflictos de carácter territorial”, advirtió.
El investigador recordó que el 2016 se dieron avistamientos de personas de comunidades Toromonas en situación de aislamiento voluntario en la zona de exploración sísmica. “Estamos viendo la antesala de conflictos territoriales, porque todos estos contratos mineros no cuentan con la consulta previa, y uno de los contratos con empresas extranjeras no han sido puestos a procesos de consultas”, aseveró.
El Gobierno de Luis Arce aprobó durante la gestión 2022 al menos seis decretos y seis resoluciones ministeriales para soltar el chaleco de fuerzas del sector hidrocarburífero y la Ley 3058, sin necesidad de pasar por el Legislativo, con el fin de flexibilizar al límite las condiciones y mecanismos de exploración y explotación de hidrocarburos, atraer inversiones extranjeras y facilitar la importación de combustibles líquidos.
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