El Gobierno descartó abrogar el Decreto Supremo 5676 que regula el precio diferenciado del diésel pese a la creciente presión de sectores productivos que cuestionan la norma. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, fue categórico cuando le preguntaron si existe la posibilidad de dejarla sin efecto: “No se abroga”.
La posición fue expresada mientras el rechazo al decreto comienza a trasladarse a las carreteras. Este miércoles, productores instalaron un bloqueo en el puente San Pablo, sobre la ruta Santa Cruz-Beni, para exigir la abrogación de la norma. La protesta obligó a suspender las salidas de buses desde Santa Cruz hacia Trinidad.
La tensión puede sumar un nuevo capítulo este jueves 27 de agosto. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convocó a un congreso extraordinario en Warnes, con participación de representantes del sector agropecuario nacional. El punto central será precisamente el pedido de abrogación del DS 5676 y la definición de las acciones que asumirán los productores.
“No se abroga”
Frente a ese escenario, Aramayo sostuvo que todavía existe espacio para trabajar en la reglamentación del decreto y realizar ajustes mediante normas complementarias, pero descartó eliminar la norma.
“Hay todavía en algunos ámbitos una fase reglamentaria, hay que reglamentar el decreto y hay normas complementarias que también hay que modificar y trabajar”, explicó.
El ministro cuestionó que la respuesta de los sectores sea simplemente pedir que la norma sea retirada y planteó que también deben presentarse alternativas.
“Eso de, bueno, no me gusta, se abroga, se deroga, entonces, ¿qué propones?, ¿qué salida le damos?, ¿qué preferimos?, ¿que no haya abastecimiento y que las colas estén frente a surtidores que no van a vender el diésel?”, manifestó.
Ante una nueva pregunta sobre la posibilidad de abrogar el decreto, Aramayo respondió sin matices: “No se abroga”.
El precio puede variar
Consultado sobre si existe margen para modificar el precio, Aramayo recordó que el valor establecido es referencial y puede variar.
“Ya se dijo que el precio es referencial, que hay una variabilidad que va a presentarse naturalmente y el decreto lo plantea”, sostuvo.
Según la autoridad, el precio no fue establecido “de forma caprichosa” y responde a parámetros como el precio de paridad de importación.
El DS 5676 es cuestionado por sectores productivos debido al precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para clientes directos y grandes consumidores. La CAO sostiene que el incremento golpea los costos de producción y puede terminar repercutiendo en el precio de los alimentos.
Del rechazo al bloqueo
La protesta de este miércoles fue instalada por productores de la provincia Marbán, principalmente del municipio de San Andrés, en el puente San Pablo. El corte dejó buses varados e interrumpió el tránsito entre Santa Cruz y Trinidad.
Los movilizados sostienen que el nuevo costo del diésel se suma a los mayores gastos que ya enfrentan en semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinaria, repuestos, transporte y créditos. Advierten, además, que el impacto podría trasladarse al consumidor.
El bloqueo se produce durante el estado de excepción vigente en el país, precisamente uno de los puntos sobre los que Aramayo lanzó una advertencia.
El ministro afirmó que los sectores pueden marchar y realizar otras protestas pacíficas, pero recordó que los bloqueos están prohibidos durante el estado de excepción y aseguró que “la ley se va a cumplir”.
El agro define este jueves sus próximos pasos
La atención estará puesta ahora en Warnes. El congreso extraordinario convocado por la CAO comenzará este jueves 27 de agosto a las 9:00 y reunirá a representantes agropecuarios de distintas regiones del país.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, anticipó que el pedido central será la abrogación total del DS 5676. El sector considera que la norma es discriminatoria y cuestiona que, pese al nuevo esquema, continúen las dificultades de abastecimiento y las filas para conseguir combustible.
Así, Gobierno y productores llegan al encuentro con posiciones enfrentadas: mientras el agro se prepara para definir nuevas acciones con la abrogación como demanda central, Aramayo anticipó que el Ejecutivo no retirará el decreto.
El Deber
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