El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho consideró que el decreto supremo 4794 –promulgado el 7 de septiembre- va en contraflecha de la política de sustitución de importaciones que tanto se pregona desde el Gobierno, así como la mayor producción, porque encarecerá el costo en las operaciones y el precio del producto al consumidor final.
“Hemos escuchado al Presidente (Luis Arce) que se aumentará la producción, que trabajemos en la sustitución de importaciones, por lo que nos sorprende que este decreto vaya en contraflecha de la política del Presidente”, expresó en conferencia de prensa.
El decreto 4794 modifica el reglamento de distribución de gas natural por redes, lo que obliga a las industrias a cambiar su matriz energética con base de gas al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
“Para la Cámara Nacional de Industrias cualquier medida que no haya sido conversada nos preocupa, tuvimos conocimiento la semana pasada del decreto, y la CNI inició consultas a todos los asociados para conocer en detalle qué industrias y en qué regiones están generando energía electricidad a partir del gas”, señaló.
Camacho expresó su extrañeza por el nuevo decreto, pues consideró “trascendental” la reunión que sostuvo este sector con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro a propósito de la preocupación que surgió por la intención de modificar las alícuotas del Impuesto al Consumo Específico (ICE).
“Hemos estado en una reunión trascendental con el Ministro de Economía, se comprometió a no modificar el ICE y actúa a nombre del Presidente, y la semana pasada nos enteramos que se va a modificar el decreto y no se permitirá a las industrias que generen energía eléctrica a partir del gas”, lamentó.
Advirtió que ante la imposibilidad del sector industrial de seguir absorbiendo mayores costos de operación, el impacto sin duda se dará en el precio final al consumidor, lo cual obligará a la población a preferir productos del contrabando. “Un centavo (más) y hará que la gente direccione a los productos de contrabando”, dijo.
Por su parte, el Gobierno argumentó que la norma le permite al sector industrial cambiar la fuente de alimentación eléctrica y migrar al SIN, para aprovechar la eficiencia de los ciclos combinados y las energías limpias, como las hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas y biomasa, que son amigables con el medio ambiente.
Desde 2006 hasta 2021, el Estado invirtió más de $us 3.737 millones en proyectos de generación, transmisión y distribución para consolidar un sistema eléctrico robusto.
En la actualidad se tiene una capacidad instalada de generación eléctrica de 3.822 megavatios (MW), mientras que la demanda interna nacional es de aproximadamente 1.601 megavatios (MW).
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