El Gobierno nacional identificó 15 empresas públicas en situación de quiebra técnica tras un diagnóstico realizado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia. La evaluación forma parte del proceso de revisión del aparato estatal impulsado por la actual administración en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
El director de la OFEP, Pablo Camacho, informó que el estudio utilizó una metodología internacional para evaluar la sostenibilidad financiera y operativa de las empresas estatales. Según explicó, el diagnóstico permitió identificar entidades de distintos sectores que presentan serios problemas económicos y de gestión.
Las empresas identificadas son:
- ETASA (empresa eléctrica filial de ENDE)
- Yacana
- Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)
- Empresa Metalúrgica Karachipampa
- Quipus
- Transporte Aéreo Militar (TAM)
- Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH)
- Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA)
- Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM)
- B-Agro
- Empresa Boliviana de Alimentos (EBA)
- Empresa Estatal de Producción de Semillas
- Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro)
- Boliviana de Aviación (BoA)
- Mi Teleférico.
Pérdidas superiores a Bs 2.600 millones
El diagnóstico no es nuevo. En abril de este año, la OFEP ya había advertido que estas 15 empresas acumulaban pérdidas por aproximadamente Bs 2.665 millones, situación que llevó al Gobierno a iniciar un proceso de evaluación para definir el futuro de cada una de ellas.
Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo figuran la reestructuración, fusión, liquidación o incluso el cierre de algunas empresas, dependiendo de los resultados finales del diagnóstico técnico y financiero. El informe definitivo servirá de base para tomar decisiones dentro del proceso de reorganización del sector público empresarial.
En medio de la crisis económica
El anuncio se produce en un contexto de creciente presión sobre las finanzas públicas, marcado por el incremento del tipo de cambio oficial del dólar, la reducción de los ingresos por hidrocarburos, el déficit fiscal y las dificultades para acceder a divisas.
Diversos economistas han señalado que las empresas estatales con pérdidas representan una carga para el Tesoro General de la Nación y consideran que una reestructuración podría contribuir a mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Sin embargo, advierten que cualquier decisión deberá equilibrar la eficiencia económica con el impacto laboral y social que podría generar.
Fuente: Ahoradigital




