Tres leyes fueron promulgas ayer por el presidente Luis Arce y permitirán la compra de vacunas contra el coronavirus COVID-19; la devolución del 5% de facturas a las personas que ganan hasta Bs 9.000; y para el impuesto a las fortunas.
Las normas son consideradas importantes para la economía del país ya que mejoran la redistribución de los ingresos y la justicia social.
El Primer Mandatario promulgó la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021, la Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), y la Ley del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA).
Señaló que esas leyes tienen el objetivo de consolidar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y contribuir al «desmontaje del modelo neoliberal» que intentó levantar en el último año la expresidenta Jeanine Áñez.
También recordó que para el fortalecimiento de las empresas públicas en su capital operativo se creó un fondo de Bs 500 millones, el aumento de fondos para el fideicomiso de reactivación productiva, que otorga créditos al empresario boliviano que sustituye importaciones, alivia el servicio de la deuda de empresas públicas y las entidades territoriales autónomas, entre otros incentivos para la inversión pública.
La Ley del PGE 2021 que contempla un monto de Bs 295.599.911.855 también garantiza 10% del presupuesto tanto para salud como para educación.
Arce explicó que contrariamente con lo que hicieron otros países, el gobierno de Áñez no gestionó la adquisición de vacunas. Pese a esto se sostienen reuniones con diferentes países, laboratorios y farmacéuticas para cerrar acuerdos.
Apuntes
• La Ley IGF establece un impuesto de carácter anual a fortunas mayores a Bs 30 millones. Se guarda plena confidencialidad de quiénes son alcanzados con ese impuesto.
• El esquema de reintegro en efectivo al IVA posee características relevantes como el abono en cuenta bancaria en los primeros 10 días del mes de la declaración, y la adhesión voluntaria de personas no dependientes al universo de beneficiarios.
• La Ley del PGE 2021 promueve la reactivación del motor de la inversión pública con $us 4.011 millones, y la corrección de la tendencia del déficit fiscal, de 12.3% a 9.74%.
Tomado de Opinión
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