El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira decidió comprimir de 90 a solo 30 días el plazo político y técnico para determinar cuáles empresas públicas del nivel central seguirán operando, cuáles serán reorganizadas y cuáles deberán ingresar a procesos de disolución o liquidación, según establece el artículo 7 del proyecto de “Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado – Gestión 2026”, al que EL DEBER accedió de manera primicial.
La medida se convierte en uno de los puntos más sensibles de la modificación presupuestaria, porque apunta directamente a uno de los compromisos de campaña del actual Ejecutivo: realizar un “saneamiento estructural” de las compañías estatales deficitarias, que durante años consumieron recursos públicos en medio de pérdidas, deudas y cuestionamientos sobre su sostenibilidad.
La propuesta instruye a la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) realizar, en apenas un mes desde la promulgación de la norma, un diagnóstico integral sobre todas las empresas públicas del nivel central y recomendar su continuidad, reorganización o cierre.
Ese informe sería remitido al Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep), que podrá aprobarlo, devolverlo o rechazarlo. Si el Coseep da luz verde, el ministerio del sector deberá activar decretos o leyes para ejecutar la transformación o liquidación.
El recorte de tiempos revela la urgencia del Gobierno por mostrar señales de austeridad, en un marco en el que el nuevo PGE intenta bajar el déficit del 16% heredado a cerca del 9%, mientras busca frenar la emisión monetaria y sostener una estabilización todavía frágil. Pero también abre un frente político delicado: la revisión de empresas creadas y/o fortalecidas durante los años del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Gobierno.
Entre las empresas estatales más observadas está Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), con pérdidas multimillonarias y un endeudamiento superior al 4.000%; también la aerolínea TAM, con deuda superior al 4.097%; además de ABE, BoA, Quipus y Emapa, todas con balances negativos.
El nuevo marco ordena que ministerios sectoriales remitan información para establecer responsabilidades por pasivos heredados o decisiones de anteriores administraciones, bajo la Ley 1178.
El anteproyecto no se limita a empresas. También propone cerrar fideicomisos públicos inactivos, convertir obligaciones del Fondo para la Revolución Industrial Productiva a moneda nacional y autorizar al Ministerio de Economía a contratar hasta $us 3.500 millones en créditos externos para apoyo presupuestario, en una señal de que el ajuste combina recortes internos con financiamiento internacional.
Parlamentarios aguardan
Desde el oficialismo, la diputada Claudia Bilbao del Partido Demócrata Cristiano (PDC) defendió el consenso entre fuerzas legislativas para aprobar con rapidez un presupuesto que considera urgente, aunque cuestionó la lentitud de la Asamblea Plurinacional.
Su colega Sandra Rivero (PDC), a tiempo de informar que aún no conoce la propuesta legislativa, pidió revisar caso por caso y advirtió que no toda empresa deficitaria debe medirse solo por balances, citando a Quipus como ejemplo de posible reactivación tecnológica.
En la oposición, Sofía Rocha (Libre) calificó el proyecto como una administración política de la crisis más que una solución estructural, alertando que el gasto reducido representa apenas una fracción del presupuesto total. Por su lado, Rolando Pacheco (AP) habló de improvisación y anunció una fiscalización técnica.
Por ahora, el documento aún espera su ingreso formal a la Asamblea Legislativa, donde deberá pasar a la Comisión de Planificación por hasta 15 días antes de llegar al pleno.
Fuente: El Deber
Mira también
