La nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a disparar los mercados energéticos y encendió alertas en países altamente dependientes de combustibles importados como Bolivia. El barril de Brent llegó a rozar los 126 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado estadounidense y para el Gobierno boliviano, volvió a instalarse alrededor de los 104 dólares a 109 dólares por barril, niveles no vistos desde la crisis energética de 2022.
Aunque en apariencia un petróleo caro podría representar mayores ingresos para un país productor de hidrocarburos, en el caso boliviano ocurre lo contrario: la subida internacional presiona directamente sobre el costo del subsidio estatal a los combustibles y amenaza con agravar aún más el déficit fiscal, la escasez de dólares y la tensión en el abastecimiento interno.
El dato más sensible es que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 fue estructurado con un supuesto de 64,5 dólares por barril. Es decir, el precio real del mercado se encuentra hoy casi 70% por encima de la variable con la que el Gobierno calculó ingresos, subvenciones y necesidades de importación energética.
Cada dólar que sube el petróleo aumenta la factura boliviana
Bolivia dejó hace años de ser autosuficiente en diésel y gasolina. La caída de la producción de gas natural y líquidos obligó al país a importar más del 85% del diésel que consume y cerca del 60% de la gasolina, combustibles que luego son vendidos en el mercado interno a precios congelados mediante subvención estatal.
Eso significa que cuando el barril internacional sube, YPFB debe comprar carburantes mucho más caros. Así con el petróleo alrededor de los 109 dólares, el costo de internación de combustibles se dispara muy por encima de lo presupuestado. Expertos del sector señalan que por cada incremento sostenido de 10 dólares en el barril, el valor de la importación anual puede elevarse en varios cientos de millones de dólares, dependiendo del volumen importado y del tipo de cambio efectivo usado para las operaciones.
En otras palabras: el conflicto en Oriente Medio no solo golpea Wall Street o Europa; también golpea directamente la caja fiscal boliviana.
El PGE queda corto frente al nuevo shock energético
Cuando el Gobierno elaboró el PGE 2’026 asumió un escenario internacional relativamente moderado, con un barril de petróleo en torno a 64,5 dólares. Ese parámetro servía para estimar el costo de importación, las transferencias a YPFB y el comportamiento de la balanza energética. Pero la realidad cambió abruptamente.
El cierre parcial del estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo— y el fracaso diplomático entre Washington y Teherán empujaron al mercado a un terreno de alta volatilidad. Para Bolivia eso implica que las previsiones fiscales hechas hace apenas meses ya quedaron desactualizadas.
Un barril 40 o 45 dólares por encima del supuesto oficial significa: mayor necesidad de dólares para importar combustibles; más presión sobre las reservas internacionales; ampliación del déficit de YPFB y mayor riesgo de desabastecimiento si no se consiguen divisas suficientes.
El alza internacional llega además en un momento particularmente delicado: Bolivia enfrenta dificultades recurrentes para conseguir dólares, atrasos en pagos a proveedores externos y episodios periódicos de escasez de diésel en regiones productivas.
Con un petróleo arriba de los 100 dólares, la necesidad de divisas para sostener el abastecimiento crece de forma inmediata. Si el Estado no logra cubrir esa factura más alta, el impacto puede sentirse en tres frentes:
Mayores problemas logísticos para importar a tiempo;
Más filas en surtidores, especialmente para diésel;
Y una presión adicional sobre el mercado paralelo del dólar.
En el mercado energético internacional, incluso foros especializados y operadores coinciden en que la volatilidad actual no responde a un simple episodio especulativo sino a un verdadero shock de oferta por la situación en el Golfo Pérsico, lo que alimenta la expectativa de precios altos prolongados.
La guerra entre Estados Unidos e Irán parece geográficamente lejana, pero fiscalmente está cada vez más cerca de Bolivia.
Mientras el Gobierno había presupuestado un barril en 64,5 dólares, el mercado opera hoy cerca de 109 dólares y con episodios de hasta 126 dólares. La diferencia no es menor: representa millones adicionales por semana en importación de combustibles y vuelve todavía más frágil un sistema de subsidios que ya venía mostrando señales de agotamiento.
Si la tensión militar persiste, Bolivia no solo tendrá un problema externo de precios internacionales; tendrá un problema interno de caja, de dólares y de abastecimiento.
El Deber
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