La lista de personas que “registren más de 10 inmuebles”, que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en el marco del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), solicitó a Derechos Reales tiene como objetivo cobrar el impuesto a la riqueza. Dos expertos en derecho tributario advierten conflictos con expropietarios y dueños de edificios.
A través de un comunicado oficial, el SIN explicó ayer a la población que solo ejerce de oficio sus facultades de “investigar, controlar, verificar y fiscalizar para identificar a las personas naturales con un patrimonio neto superior a 30 millones de bolivianos que no se registren y paguen el (IGF), en los plazos establecidos en la Ley 1357”.
“En este sentido, la solicitud de información a Derechos Reales sobre personas naturales que registren más de 10 bienes inmuebles al 31 de diciembre del 2020 se enmarca estrictamente en el marco de la investigación fiscal para determinar quiénes aún no cumplieron con la obligación de pagar el IGF”, indica textualmente el documento. Derechos Reales recibió la instrucción para entregar esa información al Servicio de Impuestos.
El SIN, que pretende recaudar tributos a través de esta nueva normativa, reveló ayer que la recaudación del IGF alcanzó al 31 de mayo a 240.143.432 bolivianos; mientras que el número de contribuyentes inscritos en este nuevo régimen llegó a 206 personas naturales que tienen un patrimonio neto superior a 30 millones de bolivianos.
Expertos alertan conflictos
Los abogados Marcelo Gonzales Yaksic y Henry Pérez Oxa, especialistas en derecho tributario, alertaron ayer que Impuestos Nacionales podría tener una serie de conflictos a raíz de esta solicitud que hizo a DDRR.
Gonzales considera que la nueva norma es “una gran injusticia, porque, por ejemplo, en Santa Cruz solo un propietario puede tener un terreno de 20.000 hectáreas que cuesta más 30 millones de bolivianos y ese señor debería entrar al IGF, pero acá quieren incluir al IGF a los que tienes más de 10 inmuebles. En ese caso, lo injusto se dará con dueños de edificios o constructores que pueden ser los primeros investigados”. Después de la crisis inmobiliaria a raíz de la pandemia muchos edificios no pudieron comercializar sus departamentos.
El experto añade que a raíz del instructivo habrá serios problemas entre vendedores y compradores, incluso podrían surgir demandas de daños y perjuicios por no haber registrado la compra de inmuebles. “También se pueden destapar omisión en el pago del impuesto a la transferencia del inmueble, que por norma legal corresponde al vendedor, pero la viveza criolla ha instituido que el pago debe hacerlo el comprador”, complementa el especialista.
Por su lado, Pérez indica que el IGF “viola el derecho a la propiedad que está reconocido por la Constitución Política del Estado, porque se atentará al valor de la propiedad privada y ese no debería ser objeto de fiscalización, porque ahí se convierte en una actitud confiscatoria al trabajo, ahorro y esfuerzo de cualquier persona”, indica el jurista.
Página Siete
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