Ahoradigital – El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5729, mediante el cual libera la importación y comercialización de gasolina de aviación Grado 100, estableciendo que su precio será definido por las condiciones del mercado y que este combustible ya no estará sujeto a subvención.
La nueva norma tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de este carburante y permite que personas naturales, empresas privadas y operadores de plantas de suministro de combustibles de aviación puedan participar en su importación y comercialización, siempre que cumplan con las autorizaciones establecidas por la normativa vigente.
El decreto establece expresamente que la gasolina de aviación Grado 100 importada y comercializada en el país no tendrá subvención estatal. Por tanto, el precio que paguen los usuarios aeronáuticos estará determinado por el costo de importación y las condiciones del mercado.
Como incentivo para facilitar el ingreso del producto, el Gobierno determinó un gravamen arancelario de 0% para la importación de gasolina de aviación Grado 100 hasta el 31 de diciembre de 2027. La norma también establece una alícuota específica del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) para este periodo.
La medida llega en medio de problemas de abastecimiento de combustibles para el sector aeronáutico. Durante el fin de semana, pilotos denunciaron dificultades para acceder a gasolina de aviación, particularmente en Beni y Santa Cruz.
El nuevo esquema se suma a las medidas adoptadas por el Gobierno para modificar el sistema de subvenciones a los carburantes y facilitar la participación de privados en la importación. En septiembre, la Aduana también reglamentó mecanismos para agilizar la importación de gasolina, diésel y petróleo mediante depósitos transitorios y procedimientos digitales.
De acuerdo con información publicada por Visión 360, antes de esta modificación el precio de la gasolina de aviación estaba fijado en Bs 10,57 por litro. Con el nuevo régimen, el valor deja de estar determinado por un precio regulado y pasa a depender de las condiciones del mercado.
La decisión representa otro paso en el proceso de reducción de la intervención estatal sobre los precios de los combustibles, en un contexto en el que el Gobierno también enfrenta dificultades de abastecimiento y presión sobre los costos del transporte y la actividad productiva.
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