El 2022, por primera vez en este siglo, Bolivia pasó de ser un exportador neto de hidrocarburos a ser importador neto, sin embargo, fue recién en 2023 que el presidente Luis Arce, admitió la crisis hidrocarburífera que vive el país, y en agosto señaló que la producción de gas natural en Bolivia “ha tocado fondo”, y en noviembre afirmó que dependemos de la importación de hidrocarburos y que el precio que pagamos por su compra “es descomunal”.
Entre enero y julio de 2023 la importación de combustibles creció en 132 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2021, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Los costos de importación en 2021 eran de 729 millones de dólares y en 2023 la cifra fue de 1.689 millones, lo que representa un alto costo para las arcas del país, que ahora tiene menos ingresos por exportar gas.
En el caso de la producción de hidrocarburos líquidos, la caída es de 50 por ciento con relación a 2014, que fue el año de mayor producción; sin embargo, la mayor parte corresponde a condensado (líquido asociado al gas natural) ya que debido a la política de subvención a los combustibles vigente en Bolivia desde 2004, la exploración de campos petrolíferos ha sido mínima.
La producción de gas natural cayó en 40 por ciento respecto a 2015, año de mayor producción, lo que ha obligado a renegociar los contratos de exportación por menores volúmenes llevando al país a perder el mercado argentino, lo que se concretará a partir de mediados de 2024, además de disminuir significativamente su participación en las ventas al mercado de gas brasilero.
El déficit de la balanza hidrocarburífera comenzó en 2022, entre enero y agosto de ese año se registró un déficit de 157 millones de dólares entre la compra de combustibles y la venta de gas y petróleo; hasta julio de este año el déficit subió a 432 millones de dólares.
La importación de combustibles en la balanza comercial representa el 25 por ciento del total de las importaciones, y va en aumento. Esta compra se financiaba con las exportaciones de gas, pero con la baja producción el Gobierno debe buscar otras fuentes de financiamiento, como la deuda pública.
Según datos del Gobierno nacional en 2021 la subvención a los hidrocarburos fue de 618 millones de dólares, en 2022 fue de 684 millones, para el 2023 se presupuestó 1.091 millones.
La caída de las exportaciones de gas y el incremento en los costos de importación de combustible y su subvención preocupa, pues acapara gran cantidad de presupuesto, que podría ocuparse en salud, educación y otros.
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 destinará mil millones de dólares para nuevos contratos petroleros y 3.428 millones de dólares para la compra de diésel y gasolina (mayoreo) y sólo 962 millones de dólares para inversión pública en salud, educación y otros.
La Fundación Jubileo considera que para revertir esa situación se requiere de ajustes estructurales en la política hidrocarburífera que deberán estar plasmados en una nueva ley sectorial, lo que viene siendo sugerido por diferentes investigadores, analistas e instituciones.
Con la actual política hidrocarburífera de Bolivia es muy probable que para el 2030 el país tenga un déficit comercial energético de aproximadamente 5.500 millones de dólares y la subvención a los hidrocarburos subirá a 3.300 millones de dólares, lo que sería insostenible para el país, según estimaciones de la consultora especializada Gas Energy Latin America.
El analista en hidrocarburos Álvaro Ríos considera que tenemos una política hidrocarburífera errada porque la Ley de Hidrocarburos desincentiva la producción de líquidos en el país con el cobro de altos impuestos y cotizaciones muy bajas para el combustible que se produce en el país.
Los últimos meses de 2023 han estado marcados por la escasez de combustibles y largas colas en surtidores, especialmente por el diésel.
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