El Estado peruano aprobó 10 solicitudes de extradición, entre las que destaca la del peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, a Argentina, por su presunta responsabilidad en un triple feminicidio en esa nación, según informó este domingo el ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Valverde, de 20 años, fue detenido a fines de septiembre pasado en Lima, junto a otro presunto cómplice en el asesinato de tres jóvenes argentinas, cuando intentaba fugarse hacia el norte de Perú, de donde el ‘Pequeño J’ es originario y se presume que dirige una banda del narcotráfico con vínculos en el extranjero.
El detenido rechazó los cargos sobre el feminicidio, que fue transmitido a través de un grupo cerrado de una red social.
‘Pequeño J’ permaneció en una cárcel de Perú hasta que se aprobó su extradición para ser sometido a la justicia de Argentina donde será procesado como homicidio calificado, por ser premeditado por dos o más personas y cometido con alevosía y ensañamiento, además de violencia de género.
El ministerio de Justicia detalló que se autorizaron seis extradiciones pasivas para entregar a Argentina, Chile y Estados Unidos a personas requeridas por sus autoridades judiciales por delitos como homicidio, robo y tráfico ilícito de drogas.
Asimismo, cuatro extradiciones activas serán presentadas ante España, Argentina, Colombia y Venezuela para que dichos países entreguen a las autoridades peruanas a personas implicadas en delitos graves como tráfico ilícito de drogas, robo agravado y homicidio.
Entre estos casos figura la solicitud de extradición de Ronald Cotrina Salazar a Argentina, quien contaba con solicitud internacional por su presunta participación en el homicidio del hijo de un exalcalde de San Juan de Lurigancho, ocurrido en 2014.
Las solicitudes contaron con la opinión previa de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados, integrada por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el ministerio de Relaciones Exteriores.
El ministerio de Justicia reafirmó el compromiso del Estado peruano de fortalecer la cooperación internacional en materia de justicia y seguridad, al consolidar una política firme contra el crimen organizado y la impunidad, y garantizando que los responsables de delitos graves enfrenten a la justicia, sin importar las fronteras.
El Deber
Mira también
