José Zavaleta y Karla Raquel son algunos sobrevivientes de los abusos sufridos en la cárcel salvadoreña durante el régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele. «Mientras estaban hincados, les ponían descargas eléctricas y a uno hasta le sacaron sangre”, reveló una de las víctimas. Sin embargo, no todos tuvieron el mismo desenlace, pues Carlos José Santos Mejía murió a sus 18 años y sin conocimiento de su propia familia. “Ya no dijeron nada. Mi mamá anduvo en vueltas, pero no le dijeron nada”, asegura su hermana Karla dos meses después del deceso.
Era un 7 de octubre de 2022. Carlos se encontraba estudiando para los exámenes del último año de secundaria cuando la policía irrumpió en su casa. La reacción del joven fue de cordialidad, “porque tenía eso de saludar siempre a los policías y soldados. Era bien amigo de ellos”, contó Karla. Lamentablemente, los oficiales no respondieron de la misma forma. “Te vamos a llevar, porque así lo manda la ley”, dijeron.
La familia no supo nada de Carlos, excepto en tres oportunidades. La primera fue ocho días después de su detención, cuando lo trasladaron a una prisión femenina. La siguiente, luego de tres meses, cuando fue ingresado al penal de Sonsonate. La última es la más dolorosa: la noticia de la muerte a través de Facebook y una llamada. “El caso ha sido bien injusto (…) El niño tenía retraso metal y aun así se lo llevaron. Cuando llegaron a buscarlo, les dijimos que él era especial, pero dijeron que a ellos no les constaba”, relató la hermana, quien asegura que el joven nunca recibió sus medicamentos.
El Instituto de Medicina Legal (IML) indicó que Carlos había fallecido por un edema pulmonar, pero sus familiares contaron que su cadáver tenía marcas de violencia en el cuerpo y que su cabeza “estaba deformada”.
Más de 150 fallecidos
Carlos José Santos Mejía no fue la única víctima. Según la organización no gubernamental salvadoreña Cristosal, hay 153 personas fallecidas, cuatro de ellas eran mujeres. “No obstante, los resultados permiten sostener que es altamente probable que el número sea mucho mayor, ya que se ha verificado la inhumación en fosas comunes, es decir, no se avisa a la familia de la muerte y se entierra como persona desconocida, pese a que estaba privada de la libertad”, señaló.
La mayoría de los muertos mostraron marcas y lesiones graves producto de las torturas que recibían. A ello se suma la falta de atención médica, desnutrición, enfermedades crónicas, entre otras. “La violencia infligida hacia las personas privadas de libertad forma parte de una deliberada política de castigo y terror impulsada por el mismo presidente Nayib Bukele y los funcionarios que integran el gabinete de seguridad”, sostiene Cristosal.
Otro caso que demuestra la crueldad de esta cárcel es el de un joven de 23 años fallecido el 18 de abril de 2022. “El cadáver presentaba señales de golpes en varias partes del cuerpo, quebraduras en pies y manos y llagas en la espalda en forma alargada tipo quemadura, lo que evidencia que pudo ser víctima de tortura. El cadáver fue entregado a la familia en un ataúd cerrado. El Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que se trató de muerte súbita”, indica el reporte.
Hasta el momento, más de 5.000 personas han sido liberadas, ya que no se los pudo vincular con ciertos crímenes.
Por su parte, el Gobierno de El Salvador no ha publicado hasta ahora informes sobre la situación dentro de las cárceles.
La República
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