El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continua con su intento de corregir el caos de una guerra comercial marcada por el vaivén y la incertidumbre en la imposición de aranceles, unos volantazos provocados por el miedo y la tensión en los mercados y las quejas de grandes empresas.
La última decisión, coincidiendo con la celebración de los primeros cien días de su segundo mandato y como siempre a través de una orden ejecutiva, ha sido el alivio arancelario al sector automovilístico, en un acuerdo con los fabricantes para modificar el arancel del 25% sobre algunas piezas importadas.
Según el decreto, si esas partes representan el 15% del valor total de un automóvil montado en EE.UU. y el arancel sobre esas piezas es del 25%, el Gobierno federal aplicará un crédito equivalente el 3,75% del valor total del vehículo para los ensamblados desde el 3 de abril de este año hasta el 30 de abril de 2026, y del 2,5% para los montados hasta finales de abril de 2027.
A eso, le sumó otra acción: otra orden ejecutiva para evitar la acumulación de aranceles sobre un mismo producto, que afecta principalmente a ciertos productos canadienses y mexicanos, así como las importaciones de derivados del aluminio y del acero.
La promesa electoral de recuperar las políticas arancelarias de su primer mandato empezó a los pocos días de tomar posesión, el 1 de febrero, cuando firmó las órdenes ejecutivas para tarifar al 25% los bienes de sus vecinos (México y Canadá) y del 10% a los de su principal objetivo en la guerra comercial, China.
México y Canadá, países a los que acusa de no controlar su frontera en sus flujos migratorios ni en los de drogas como el fentanilo, vieron como dos días después Trump pausaba por un mes la ola de aranceles; China respondió con aranceles recíprocos de entre el 10% y el 15%.
Días después llegarían los aranceles del 25% al acero y aluminio –que entraron en vigor un mes después–, y el 13 de febrero llegaría otro gran anuncio: el memorando para imponer “aranceles recíprocos” a los países que gravan productos estadounidenses, con la Unión Europea (UE) entre los principales damnificados.
Los 27 respondieron un día después con la amenaza de una reacción “firme e inmediata” por considerar estos aranceles totalmente “injustificados”.
Marzo empezó con un anuncio de aranceles a las importaciones de productos agrícolas, la entrada en vigor de los aranceles anunciados un mes antes, y la primera marcha atrás: el retraso de un mes de los aranceles al sector automovilístico de México y Canadá, y de los productos canadienses cubiertos por el tratado de libre comercio.
A mediados de mes, la UE impulsó contramedidas valoradas en 26.000 millones de euros, en tarifas a importaciones de EE. UU., un ataque que Trump respondió con la amenaza de tarifar al 200% al vino y al resto de bebidas alcohólicas procedentes de la UE, en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones de whisky estadounidense.
La Comisión Europea aplazó esa tanda de aranceles para abrir vías de negociación.
El momento clave llegaría el 2 de abril, definido como el “Día de la Liberación económica” de EEUU: Trump imponía un arancel universal del 10% sobre las importaciones estadounidense, con recargos adicionales a 57 países, entre ellos tarifas que alcanzaban el 34% en China y el 20% a la UE. Los principales socios comerciales respondieron de inmediato con contramedidas.
Esa decisión fue el detonante definitivo a la guerra comercial y así se lo hicieron saber las bolsas, con caídas históricas y pavor en los parqués. También se resintió el mercado de deuda, y las previsiones económicas de los principales organismos auguraban un retroceso significativo de la economía estadounidense y mundial.
Ante el caos mundial despertado, el 9 de abril (solo una semana después del órdago que desató la tormenta), Trump daba una tregua parcial de 90 días a la guerra comercial global, eliminando temporalmente el arancel universal del 10%.
Hace unos días, el presidente estadounidense decía que, una vez venza la tregua arancelaria de 90 días era improbable una prórroga, y que en este período debería llegar a acuerdos con otros países; los primeros podrían ser Japón e India.
A eso hay que añadir las medidas quirúrgicas que ha aplicado Trump ante el pavor de grandes empresas y el riesgo de afectación a cadenas de suministro clave. Además de la ya mencionada rectificación en el sector automotriz, a mediados de abril el republicano eximía de sus “aranceles recíprocos” dispositivos y piezas de electrónica.
Donde no hay tregua es en la pelea con China, que decidió aguantar el tipo e igualó los aranceles al 34%, a la vez que instaba a la OMC a investigar la actuación de la administración Trump. Empezaba una serie de tiras y aflojas entre Washington y Pekín: el últimatum del republicano no surgía efecto y el 8 de abril imponía de manera impulsiva aranceles del 104 a China.
El gobierno chino respondía de nuevo, elevando sus tasas al 84%; EE. UU. redobló su ataque subiéndolos al 145%. Días después, Pekín llegaba a aranceles de hasta el 125%.
Trump ya mantuvo en su primera presidencia (2017-2021), una relación tensa con Pekín al imponer varias tandas de tarifas por valor de unos 370.000 millones de dólares anuales, a lo que China respondió con gravámenes a las exportaciones estadounidenses
Esta vez, el gobierno chino parece sentirse en una posición más fuerte, y no parece que Washington vaya a mantener el pulso eternamente. Especialmente cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha confesado que la guerra comercial, en los términos actuales, es “insostenible”, y el propio Trump ha reconocido que los aranceles a los productos de China iban a bajar “sustancialmente”, siempre previo a unas negociaciones que por el momento no se están produciendo.
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