Cocodrilos, gallinas, televisores, neveras y sillones de videojuegos son algunas de las pertenencias que las autoridades en Guatemala encontraron durante una serie de requisas de una prisión de supuesta máxima seguridad conocida como “El infiernito”.
Unos 400 policías participaron el domingo en la madrugada en el operativo “Recuperación del Infiernito” que albergaba a más de 200 pandilleros de la peligrosa banda delincuencial Barrio 18.
Las imágenes divulgadas por las autoridades muestran que los reclusos tenían hasta aire acondicionado en la cárcel ubicada en Escuintla, unos 70 kilómetros al sur de la capital.
En una redada anterior, la policía desmanteló un “call center”, o centro de telefonía improvisado desde donde los pandilleros realizaban extorsiones y ordenaban la comisión de crímenes.
“La prisión pertenece otra vez al país”, declaró el ministro del Gobierno Francisco Jiménez en su cuenta en X.
El ministro anunció que el centro penitenciario sería desmontado y reconstruido como una “verdadera prisión de máxima seguridad”.
El hallazgo de una granja para criar animales de patio, así como una pileta con cocodrilos demuestra que había “un total descontrol de la cárcel” donde había una total libertad con la pérdida del “carácter de máxima seguridad”, según el alto funcionario.
Jiménez culpó el descuido a los anteriores gobiernos y de “entregar el control de las prisiones a los criminales”.
“Demuestra que no se interesaron, a pesar de tener todas las condiciones tanto políticas como financieras para afrontarlo, no lo afrontaron”, recalcó en un video divulgado en X.
«Prisiones, NO vacaciones»
El operativo, que calificó como una “jornada dura”, tuvo dos objetivos: uno era la recuperación del centro penitenciario y el otro, el traslado de 225 miembros de la pandilla Barrio 18 a otras cárceles para tener un mejor control sobre la organización criminal.
Después de la transferencia de los pandilleros, el ministro anunció un proceso de reconstrucción de “El Infiernito” para darle una estructura de cárcel de máxima seguridad que irá “más allá del simple remozamiento”.
No sólo se rasparán los grafitis de la pandilla de las paredes sino se hará un escaneo de los muros y los pisos para identificar actividad ilícita.
“Si es necesario, romperemos paredes, romperemos pisos para descubrir caletas”, expresó Jiménez, añadiendo que se eliminaría el acceso de los reclusos a la energía eléctrica para que no pudieran recargar sus celulares ni operar otros enseres como neveras, televisores, equipos de sonido y juegos electrónicos.
También señaló que el asilamiento de reclusos es una herramienta fundamental para el control del sistema penitenciario.
Estas “son prisiones, NO vacaciones”, escribió en su cuenta de X.
Como complemento, el ministro anunció la creación de un grupo élite de guardias para controlar la seguridad, que tendrán capacitación permanente y que no podrán ser identificados por nombre para evitar la posibilidad de sobornos.
Para lograr su propuesta de reconstrucción del sistema penitenciario, Jiménez apeló al apoyo del Congreso y de la rama judicial.
El operativo del domingo ocurrió unos días después de que el nuevo presidente Bernardo Arévalo declarara que algunas áreas de Guatemala estaban en manos de pandillas, coincidiendo con un llamado de la ONU para frenar el reclutamiento de menores por los grupos criminales, informó la agencia AFP.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha están enfrentadas por el control de territorio en Guatemala, donde extorsionan dinero de empresas e individuos con amenazas de muerte, dicen las autoridades.
La violencia criminal cobró 4.361 vidas en Guatemala en 2023, una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes, la mitad de las cuales han sido atribuidas al enfrentamiento de pandillas y el narcotráfico.
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