Con una votación de 7 votos contra 2, la Corte Constitucional falló a favor de sacar la norma que permite la caza deportiva en el país. La medida entrará en vigencia en un año, a partir de este miércoles.
El debate sobre caza deportiva se inició porque la norma que reglamenta esa práctica, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (expedido en 1974) y el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (1989) fue demandada ante el alto tribunal por la activista y abogada Laura Santacoloma, para la demandante, estas vulneran principios como el derecho a un medio ambiente sano y la protección de las riquezas naturales.
Estas leyes determinan que este tipo de caza puede realizarse en ciertos espacios y con permisos específicos otorgados por las corporaciones ambientales regionales (CAR).
La Procuraduría argumentó que la caza deportiva no se justifica en razones de subsistencia, ni de control poblacional de las especies.
Añadió que no existe una razón válida que permita determinar que esta caza es necesaria «y que el sufrimiento que padecen los animales sea razonable o proporcional».
«La Corte encontró que las disposiciones demandadas en ciertas condiciones autorizan la caza deportiva son contrarias a la protección del ambiente», afirmó el magistrado ponente, Antonio José Lizarazo.
Lizarazo también dijo que el interés superior de la protección del ambiente obliga a la protección de los animales contra el maltrato, y que debido a que la caza deportiva es solo por diversión esto no considera a las especias sino «como recursos disponibles para la realización de gustos particulares de los humanos».
«No es constitucionalmente admisible matar animales con el único propósito de la recreación», dijo Lizarazo.
Por su parte, el actual Ministerio de Ambiente, en el gobierno de Iván Duque, había pedido tumbar la norma que regula esta práctica.
«Este ejercicio solo deriva diversión para los cazadores y crueldad y sufrimiento para los animales, y dista mucho de las actividades de caza realizadas por las etnias colombianas para su subsistencia, o de las actividades de control poblacional que practican las comunidades o pescadores en cualquier río de Colombia», dijo el Ministerio de Ambiente.
Sin embargo, a la Corte también había llegado el concepto de la cartera Ambiente del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que decía que la caza deportiva no pone en riesgo a la fauna silvestre.
Tomado de El Tiempo de Colombia
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