Ahoradigital – El Gobierno talibán de Afganistán rechazó las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra cuatro de sus principales dirigentes y afirmó que no reconoce la autoridad de este tribunal internacional.
La reacción se produjo después de que la CPI decidiera el lunes 5 de octubre hacer públicas cuatro órdenes de arresto que habían sido emitidas originalmente bajo reserva entre julio y septiembre de 2025.
Los señalados son el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada; el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani; el ministro de Educación, Habibullah Agha; y el ministro de Educación Superior, Neda Mohammad Nadim.
La CPI sostiene que existen motivos razonables para considerar que los cuatro dirigentes serían responsables de crímenes de lesa humanidad relacionados con persecución por motivos de género contra niñas, mujeres y otras personas que no se ajustan a las políticas talibanas sobre género.
Según la investigación del tribunal, las conductas atribuidas estarían vinculadas con asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas, además de persecución política contra personas consideradas aliadas de mujeres y niñas. Las acusaciones corresponden a hechos ocurridos desde la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021.
El portavoz talibán Zabihullah Mujahid rechazó las órdenes mediante un comunicado difundido en redes sociales y afirmó que Afganistán no reconoce a la CPI ni concede relevancia a sus decisiones.
Mujahid sostuvo además que los dirigentes del llamado Emirato Islámico de Afganistán no cometieron actos que los hagan susceptibles de arresto o sanción por parte de tribunales internacionales y afirmó que el régimen se rige por la sharía y sus propios tribunales.
La CPI, por su parte, mantiene activa su investigación sobre la situación en Afganistán. Las órdenes contra Akhundzada y Haqqani habían sido emitidas el 8 de julio de 2025, mientras que las correspondientes a Agha y Nadim fueron emitidas el 9 de septiembre de 2025.
El principal desafío ahora es la ejecución de las órdenes, debido a que los talibanes mantienen el control efectivo del territorio afgano y rechazan la jurisdicción del tribunal. La CPI no dispone de una fuerza policial propia para ejecutar directamente sus órdenes de arresto.
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