El Tribunal Constitucional de Rumanía anuló este viernes (06.12.2024) las elecciones presidenciales después de que informes de inteligencia revelaran una injerencia rusa que favoreció a Calin Georgescu, candidato de extrema derecha que ganó en la primera vuelta del 24 de noviembre.
Esta decisión llega apenas dos días antes de la prevista segunda vuelta del domingo 8 de diciembre, en la que Georgescu, ganador con un 23 % de los votos, iba a enfrentarse a la europeísta Elena Lasconi (19,3 %).
Según la resolución del tribunal, todo el proceso electoral ha quedado invalidado y comenzará desde el principio, con una nueva fecha que deberá ser fijada por el Gobierno y que, según los medios rumanos, sería en primavera de 2025.
Esta inédita decisión en el país de 19 millones de habitantes miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN no fue explicada en el breve comunicado del Constitucional, que sostuvo que las motivaciones estarían incluidas cuando se publique la resolución completa en el Boletín Oficial.
La anulación se produce después de que el miércoles 4 de noviembre el presidente, Klaus Iohannis, desclasificase cinco informes de inteligencia en los que se indicaba que Georgescu estuvo respaldado por una estrategia de injerencia con un «modo de operar de un actor estatal», al que no nombra.
Este viernes, el primer ministro socialdemócrata, Marcel Ciolacu, consideró «justa» la decisión del tribunal porque el resultado «fue descaradamente distorsionado como consecuencia de la intervención de Rusia».
Esos informes muestran que la «agresiva promoción» de Georgescu recibió financiación externa no declarada de más de un millón de euros. El candidato asegura que no gastó ni un euro en su campaña, lo que los expertos en redes sociales consideran imposible.
Mientras, el propio Georgescu habló en declaraciones a la televisión local Realitatea de un «golpe de Estado oficializado» y que el Estado rumano «ha pisoteado la democracia».
«Es hora de demostrar que somos un pueblo valiente. La democracia está siendo atacada. El sistema corrupto hizo un pacto con el diablo. Las cosas no se mantendrán así. Detrás mío está solo el pueblo de Rumanía», aseguró.
La polémica decisión del Constitucional fue criticada por otras fuerzas ultranacionalistas pero también por liberales como un intento de las formaciones tradicionales —el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Nacional Liberal (PNL, centroderecha)— de enmendar su fracaso político manipulando el sistema judicial.
El PSD y el PNL son las dos formaciones que se han repartido el poder en Rumanía en las últimas décadas, han gobernado en coalición desde 2021 y, por primera vez desde la caída del comunismo, ninguno de sus dos candidatos llegó a la segunda vuelta el 24 de noviembre.
Critican la anulación de las elecciones
La europeísta Elena Lasconi, quien habría competido contra Georgescu este domingo, criticó duramente la anulación, calificándola como un «ataque contra la democracia».
George Simion, líder del partido ultranacionalista AUR, que en las elecciones legislativas del pasado domingo fue el segundo más votado con el 18,3 %, calificó la decisión como un «golpe de Estado» aunque pidió a sus seguidores que no salieran a las calles a protestar para evitar altercados.
Más allá de la posible injerencia, en Rumanía existe un descontento con las formaciones tradicionales debido las persistentes desigualdades económica y regional, y la corrupción, que se tradujeron en un voto protesta a favor de Georgescu.
En 2023, un tercio de los rumanos estaban en riesgo de pobreza, y el ingreso medio anual seguía siendo menos de un tercio (alrededor de 6.500 euros) del promedio de la UE, según Eurostat.
Además, la inflación, que el año pasado fue del 10 % y este año se prevé de un 5 %, es mucho mayor en alimentos básicos, que son un 50 % más caros que antes de la pandemia, según datos oficiales.
Rumanía, hasta ahora un bastión de estabilidad en la región del Mar Negro y un aliado clave de la OTAN en la ayuda occidental a Ucrania, se encuentra ahora sumida en una inédita situación de incertidumbre política.
El mandato del presidente Iohannis vence el próximo 21 de diciembre, y, según la legislación, el jefe de Estado deberá ser reemplazado de forma interina por el nuevo presidente del Senado, que será elegido una vez que se haya constituido ese mismo día el nuevo Parlamento, surgido de las legislativas del pasado domingo.
Iohannis, sin embargo, aseguró este viernes que «el presidente ejerce su mandato hasta el juramento del cargo del presidente recién elegido», con lo que abrió la posibilidad de seguir en la jefatura del Estado más allá del día 21.
En las legislativas del pasado domingo, el bloque europeísta, formado por socialdemócratas, conservadores, liberales y la minoría húngara, obtuvo un 55 % de los votos, frente al 32 % de las tres formaciones ultranacionalistas y críticas con la UE.
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Aunque Rumanía es una democracia parlamentaria, el presidente tiene amplias prerrogativas, incluyendo el papel de comandante en jefe del Ejército, la dirección de la política exterior y el nombramiento de los jefes de los servicios de inteligencia.
Fuente: DW
