Un juez de Ecuador ordenó la apertura de juicio contra los diecisiete militares acusados por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes a quienes detuvieron de manera irregular en la ciudad de Guayaquil y posteriormente aparecieron muertos con impactos de bala en sus cráneos.
Los hechos se remontan a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil, fueron detenidos de forma irregular en los exteriores de un centro comercial y subidos a golpes a dos automóviles.
Luego los militares señalaron haberlos llevado a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), donde según ellos los dejaron en libertad con vida en una zona rural de la localidad.
Sin embargo, tres de los militares decidieron solicitar una cooperación eficaz (delación premiada) y señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que, antes de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros. La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, uno de los testigos declaró que fue torturado por militares para que inicialmente testificase que había escuchado que bandas criminales se habían llevado a los niños con orden de quemarlos y lanzarlos al río.
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Entre los acusados hay dieciséis militares que formaban parte de la patrulla que se llevó a los niños y el restante es un teniente procesado como cómplice por presuntamente recoger las prendas de las víctimas de una zona rural sin notificar a la Policía ni a la Fiscalía.
Delito de «desaparición forzada»
El magistrado Dennis Ugalde, a cargo de evaluar la acusación presentada por la Fiscalía, confirmó la prisión preventiva contra los militares pese a los intentos de los acusados de seguir el juicio en libertad. «Es obligación de todos los miembros de las Fuerzas Armadas respetar los derechos de los ciudadanos», señaló el juez.
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil que lleva la defensa de las víctimas, celebró que «exactamente diez meses después de la desaparición forzada y posterior ejecución» de los menores un juez penal «ha reconocido que existe el delito de desaparición forzada».
«Ahora, un tribunal deberá determinar la responsabilidad de los 17 militares implicados y la pena privativa de libertad correspondiente. Es un paso más en la memoria de los niños de Las Malvinas y un recordatorio para las autoridades que siguen ocultando información sobre las otras 43 desapariciones», señaló Bastias.
El CDH ha reportado al menos 43 desapariciones forzadas por parte de las fuerzas estatales de Ecuador desde que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró al país bajo «conflicto armado interno» contra el crimen organizado.
La «guerra» iniciada por Noboa contra las bandas criminales causantes de la escalada de violencia sin límites que vive en Ecuador ha ido acompañada de la declaración de estas organizaciones como «grupos terroristas» y licencia para que la Policía y las Fuerzas Armadas puedan disparar a presuntos delincuentes en casos de delitos en flagrancia o en caso de que los consideren una amenaza para ellos o para la población.
Fuente: DW
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