Los líderes indígenas de la Amazonia peruana denunciarán mañana ante las autoridades holandesas a la compañía Pluspetrol, con matriz fiscal en Ámsterdam, por presuntamente evadir impuestos y «destruir la selva tropical» en Perú entre 2000 y 2015 en «un grado devastador».
Un análisis de la estructura corporativa de esta compañía, hecho por el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO), indica que Pluspetrol «utiliza una compleja red de empresas buzón»; es decir, direcciones sin una oficina real y ubicadas en paraísos fiscales que se utilizan con frecuencia para evitar o minimizar el pago de impuestos en los países en desarrollo, donde llevan a cabo su actividad corporativa.
Joseph Wilde, especializado en temas de responsabilidad corporativa en SOMO, explica que Pluspetrol tiene una clara responsabilidad bajo las directrices de la OCDE que exigen a las multinacionales «remediar los impactos que causan» donde ejercen su actividad, el argumento que usarán las comunidades indígenas mañana ante las autoridades holandesas.
La principal exigencia de los denunciantes es que esta compañía, cuyo contrato en Perú finalizó en 2015, limpie «su desastre y remedie los impactos» que tuvo la contaminación «sufrida y aguantada» durante quince años por la población local y pague todos sus impuestos, lo que convierte a los denunciantes en los primeros grupos indígenas en vincular la destrucción ambiental con la evasión fiscal.
Además de subrayar que causó, contribuyó y no remedió impactos ambientales, las víctimas recurren a las autoridades holandesas alegando que PlusPetrol ha aprovechado la complejidad de los sistemas tributarios y la interacción de dos o más jurisdicciones, como Países Bajos y las Islas Caimán, para evitar impuestos en Perú, donde operó como empresa.
Países Bajos es el cuarto peor paraíso fiscal del mundo, según la Red de Justicia Fiscal. Este país mantiene tratados de doble imposición con casi 100 países que permiten a las empresas transferir ingresos de diversas formas (como dividendos, intereses y regalías) a través de Países Bajos a otras jurisdicciones a un costo fiscal reducido, según figura en la denuncia.
Además, las empresas pueden solicitar una resolución a la Autoridad Tributaria holandesa que, según el Gobierno, brinda a las compañías «certeza previa» sobre la aplicación de la ley con respecto a su base impositiva y cómo se gravarán sus ganancias en los Países Bajos, una de las «características más atractivas de la ley tributaria holandesa», según la denuncia.
La denuncia de estas comunidades peruanas, detallada en 73 páginas, está firmada por las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, y cuenta con el apoyo de SOMO, Oxfam Perú, Oxfam Novib (Países Bajos) y Perú EQUIDAD.
Pluspetrol asumió el control de la zona explotada en el año 2000, heredando las operaciones de extracción de petróleo de otra compañía, Occidental Petroleum, pero las directrices de la OCDE «son muy claras y dicen que las multinacionales que hereden las actividades de otra compañía en situación de continuidad», se hacen cargo de los impactos, añade Joseph Wilde.
A su llegada a la región, Pluspetrol no respetó nunca el derecho de las comunidades al «libre consentimiento previo e informado para el uso continuado de su territorio» y «no realizó la debida diligencia para identificar los impactos existentes y evitar otros nuevos, lo que causó y contribuyó a la contaminación de al menos 1.963 puntos con petróleo derramado, desechos industriales y otros daños por extracción de petróleo industrial», detallan.
Además, la contaminación de ríos, suelos y especies dependientes violó el derecho de la población local al agua y a los alimentos, y causó graves problemas de salud en las poblaciones locales, que van desde altas concentraciones en sangre de metales carcinógenos como cadmio y plomo, a otras potenciales enfermedades.
«Las víctimas piden que se limpie el desorden que creó, pero también exigen que sea transparente sobre la cantidad de impuestos que paga en Perú y que no evite pagar su parte correspondiente usando estructuras de evasión», advierte Wilde.
Las evidencias de los derrames de petróleo y sus impactos fueron documentadas por la ONU y por agencias gubernamentales de Perú, que incluso multaron a Pluspetrol varias veces en el transcurso de los 15 años de sus operaciones en la región, según las víctimas.
La denuncia se presentará ante el Punto de Contacto Nacional (NCP) en La Haya, la agencia con la que cuentan todos los países suscritos a las directrices de la OCDE y que se encarga de garantizar que las empresas holandesas que operan en el extranjero cumplan con los altos estándares de respeto a los derechos humanos y la protección del medioambiente.
Las víctimas esperan que las autoridades holandesas «aclaren» a Pluspetrol su responsabilidad, a través de una declaración pública que deberá emitir como máximo en un año, y si el proceso no lleva a la empresa a comprometerse, las víctimas exigen que el Gobierno holandés «suspenda todas las formas de apoyo público» a la petrolera.
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