El primer contacto fue la tarde del miércoles y hubo un segundo ayer por la mañana. Las cancillerías de Bolivia y Chile tienen un avance para resolver la situación de los tres militares bolivianos detenidos en Chile, pero existen dos factores que impiden una salida diplomática: la presión en Chile para que este caso no siga los canales de la diplomacia y es que el asunto ya está instalado en un juzgado del vecino país. La Paz dice que es una “exageración” acusar a los uniformados por el delito de robo, y en Santiago ratifican que hubo “delitos”, pero abogan por una salida cordial hasta mañana.
Bolivia ya contrató a un abogado chileno para que sea la defensa legal de los tres militares que ahora están en el penal de Alto Hospicio, cerca de la ciudad de Iquique. Mañana, en una audiencia de formalización, se definirá la situación de los uniformados: o son detenidos por un tiempo más para continuar la investigación -pueden ser 90 días- o son expulsados de Chile con medidas sustitutivas, una de ellas prohibir su ingreso al vecino país por lo menos los siguientes diez años.
Esa última medida es la que se está buscando. Y va por buen camino. La Cancillería de Bolivia envió a su par chilena toda la información de los tres efectivos y justificó su labor durante su detención. La información enviada fue elaborada por el Ministerio de Defensa. En uno de los puntos se pone a conocimiento que un cuarto militar está herido con una bala de goma en uno de sus brazos y que es atendido en una clínica de la ciudad de Oruro.
En Santiago, el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, espera que haya una salida satisfactoria en esta nueva controversia, pero el funcionario, que funge como vicepresidente chileno debido al viaje a Europa del presidente Sebastián Piñera, afirmó que existieron “delitos” y que La Moneda tiene “otra interpretación” de lo sucedido respecto a la posición boliviana.
“Por supuesto, esperamos que esto se pueda solucionar de la manera que requiere, pero también (hay) que entender que aquí hubo delitos en el territorio nacional que la Fiscalía tendrá que investigar”, afirmó ayer Delgado.
La autoridad chilena dejó abierta la posibilidad de que el caso sea resuelto por la vía diplomática y dijo que la Cancillería de su país está en contacto con la de Bolivia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no ha emitido ningún comunicado sobre el hecho.
El miércoles por la madrugada fueron detenidos, supuestamente en la comunidad de Pisiga Carpa –en el lado chileno- tres militares bolivianos. Carabineros de Chile acudieron al lugar tras una denuncia de dos personas, quienes dijeron que los uniformados bolivianos les robaron sus vehículos. Hubo una persecución y hasta cruce de disparos. Producto de ese enfrentamiento un militar boliviano resultó herido y el efectivo es atendido en una clínica privada de la ciudad de Oruro.
“(Se les brinda a los tres militares) la asistencia inmediata, se les colocó un abogado para la audiencia del sábado (mañana). Asimismo, la comunicación con sus familiares y así darles la tranquilidad (a los familiares) de que los efectivos militares no estaban en ninguna comisión de delito como se dice, sino que estaban en cumplimiento de sus tareas como parte de la lucha contra el contrabando”, informó ayer el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas.
Cruce de conceptos
Los militares que fueron detenidos son el teniente Jaime Herbas, el subteniente Níger Ponce y el sargento segundo José Bautista Carvajal. Delgado, el miércoles, dijo que lo ocurrido no es un incidente y calificó el hecho como “grave”. Esa versión es muy diferente a la que tiene Bolivia.
Vargas calificó “exagerado” que acusen a los tres militares bolivianos por robo e insistió que los uniformados realizaban una tarea de lucha contra el contrabando e incluso puso en duda el lugar donde supuestamente fueron detenidos. La autoridad boliviana sostuvo que se maneja una distancia de 15 kilómetros de ingreso a Chile, pero dijo que será una investigación la que determine la distancia real.
El miércoles se llevó a cabo una primera audiencia de los militares. Fue virtual y el juez de Pozo Almonte, Horacio Andrade, escuchó a ambas partes para dar una resolución. La audiencia duró un poco más de 40 minutos y se decidió alargar la detención de los uniformados por tres días más. Esta decisión se debe a que en este lapso se realizará un trabajo de campo y se recolectarán testimonios. Mañana será la audiencia de formalización.
Javier García Choque es el alcalde de Colchane, población chilena que está en la frontera con Bolivia. El burgomaestre es una de las autoridades que pone presión para evitar que el tema de los militares sea resuelto por la vía diplomática. La autoridad local culpó a los efectivos de ser parte de “mafias” y que será la Fiscalía de su país la que investigue. García acotó que existen denuncias de pobladores de la frontera contra militares bolivianos.
“Hace años también fueron detenidos efectivos del Ejército boliviano y se les dio una salida diplomática, ellos fueron liberados prácticamente y condecorados en el país vecino y eso es lo que nosotros no queremos”, cuestionó el alcalde de Colchane.
García Choque se refiere al caso de 2013, cuando Evo Morales condecoró y ascendió de grado a tres soldados que estuvieron detenidos durante un mes en un penal del norte chileno. En 2017 ocurrió algo similar. Dos militares y siete funcionarios de la Aduana de Bolivia fueron detenidos en el lado chileno y estuvieron más de 100 días detenidos en el penal de Alto Hospicio. A su regreso, tras ser liberados, el expresidente los condecoró. Luego uno de los homenajeados fue denunciado por colaborar al contrabando.
El alcalde de Colchane afirmó que su municipalidad se sumará al proceso como parte querellante y pedirá que la justicia se haga cargo del futuro de los tres militares bolivianos. García Choque recordó que el pasado 24 de agosto una pareja denunció a dos militares bolivianos por robar supuestamente su camioneta.
El burgomaestre relató que un testigo y pariente de la pareja, “que se identificó como Patricio”, afirmó que una familia chilena viajó desde Iquique al salar de Coipasa en una camioneta que quedó atascada y no pudo ser arreglada. Luego de siete horas, una patrulla de Carabineros encontró a los afectados trasladándose a Colchane, donde pidieron auxilio a parientes y amigos para recuperar el vehículo.
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“Lo que vivió esta pareja es dramático, por decir lo menos, y es el riesgo que a diario viven nuestros pobladores aimaras, los que hacen patria en esta zona, esperamos medidas del Gobierno en este caso y otros casos más”, cuestionó García Choque.
Presión en Chile
Juan Coloma es diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de Chile. El legislador afirmó que el caso de los militares bolivianos se encuentra en la justicia chilena y consideró que debe ser esa instancia la que resuelva el tema.
“Hay una separación de poderes y tengo entendido que hay una investigación al respecto. Seguro la Fiscalía (de Chile) recolectará insumos, pero ese proceso está a cargo de la justicia”, dijo Coloma.
Mientras, el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, en un informe ante el pleno de la Cámara de Senadores, se inclinó a que este caso debe ser resuelto por la vía diplomática, ya que, según la autoridad, los efectivos cumplían un trabajo de patrullaje contra el contrabando en esa región fronteriza.
“Debemos recurrir al entendimiento y razonamiento, a las normas diplomáticas de país a país para resolver y esclarecer este lamentable impasse. Nuestro Canciller está con todo un equipo trabajando para que se pueda liberar a nuestros militares”, expresó Novillo.
El ministro acotó que en Chile debe existir una “madurez diplomática” de parte de las autoridades chilenas para llegar a un acuerdo que no afecte las relaciones internacionales.
“Esperamos que las gestiones que hagan sean productivas y también consideramos que las autoridades chilenas con la diplomacia y la madurez y ante todo el razonamiento correcto que caracteriza podamos superar toda esta situación que se ha presentado”, puntualizó Novillo.
Las relaciones entre Bolivia y Chile volvieron a tensionarse por este hecho. Existen antecedentes de militares detenidos en el lado chileno y esos surgieron en media disputa marítima. Las autoridades políticas de ambos países mantenían duros cruces de discursos, pero ahora solo existe un canal diplomático.
“Este hecho, sin duda, puede ocasionar un conflicto diplomático porque ya son reiterativas las ocasiones en que se cometen imprevistos e impertinencias de los militares en la lucha contra el contrabando con la vecina nación”, lamentó el diputado Alberto Astorga, de filas de Comunidad Ciudadana (CC).
Mientras, en el Movimiento Al Socialismo (MAS) hay confianza de que este hecho será resuelto por la vía diplomática y que los militares serán liberados.
Tomado de El Deber
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