El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue entregado este miércoles (12.03.2025) a la Corte Penal Internacional (CPI) tras su llegada a Países Bajos, anunció el tribunal, que había emitido una orden de arresto contra el exmandatario por presuntos crímenes durante su campaña contra el narcotráfico.
El exgobernante, de 79 años, es acusado por la CPI, con sede en La Haya, de «crímenes contra la humanidad» durante la represión contra el tráfico de drogas, que dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría hombres pobres, muchas veces sin pruebas de que estuvieran relacionados con las drogas.
«Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad», declaró Duterte en un video compartido en un perfil suyo en redes sociales y en el de un colaborador cercano, tras llegar a la corte. Por su parte, el fiscal de la CPI, Karim Khan, apuntó que el arresto de Duterte es «importante» para las víctimas y defendió que las investigaciones de la corte son «independientes e imparciales».
Motivos razonables
El avión que trasladó al exdirigente desde Filipinas hasta Países Bajos aterrizó cerca de las 16.55 de la tarde (15.55 GMT), tras hacer una larga parada en Dubái, donde Duterte recibió un chequeo médico y se gestionaron documentos necesarios para todas las personas que se encontraban en el vuelo. Se espera que su primera comparecencia ante la CPI, que juzga crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios, se produzca en los próximos días.
Los jueces indicaron que «existen motivos razonables» para creer que los miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y el personal de las fuerzas del orden filipinas «atacaron a un gran número de personas que supuestamente estaban involucradas en actividades delictivas», al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
Dada la posición y funciones de Duterte en ese período, primero como alcalde de Dávao y luego presidente del país, y su liderazgo en el DDS (su fundador y líder), la CPI considera que «tenía pleno conocimiento de la existencia y el alcance de estas operaciones” y es «coautor indirecto” del crimen de asesinato.
Por temor a la rendición de cuentas ante la CPI, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, tratado fundacional del tribunal, en marzo de 2019, pero esa decisión no afecta a la jurisdicción que tiene la corte sobre crímenes cometidos antes de esa fecha.
Fuente: DW
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