El Gobierno de Yamandú Orsi anunció este lunes que enviará al Parlamento un proyecto de ley que crea una nueva causal jubilatoria y habilita a los trabajadores a jubilarse a los 60 años.
Esta iniciativa surge de los resultados del Diálogo Social, un espacio de construcción colectiva entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y actores sociales en el que se debatieron propuestas «para abordar los desafíos estructurales de la protección social del país» y que culminó en abril.
«Esta semana le daremos estado parlamentario», anunció en una conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al cierre de un nuevo Consejo de Ministros.
Explicó que el proyecto creará una nueva causal jubilatoria para quienes tengan entre 60 y 65 años y cumplan con los 30 años de aportes requeridos.
«Ponemos el componente de la libertad: todas las personas podrán tomar la decisión de presentarse a esta causal o esperar a su jubilación hasta los 65 años, que es la edad general de retiro», dijo el secretario de Presidencia.
Esta garantizará a los trabajadores de menores ingresos a percibir una jubilación no menor a la establecida por el régimen vigente: «El 30 % de las jubilaciones más bajas va a poder jubilarse a los 60 años en iguales o mejores condiciones», aseguró Sánchez.
«Lo que estamos haciendo es priorizar con recursos a los más bajos, pero quienes tienen salarios altísimos podrán decidir si se quieren jubilar a los 60», añadió y explicó que estos «tendrán que renunciar una parte» de la jubilación que percibirían bajo el régimen vigente, «y eso es lo que genera el equilibrio para que esta medida pueda ser sustentable en el tiempo».
En 2023 comenzó a regir en el país una reforma llevada a cabo por el Gobierno que encabezaba Luis Lacalle Pou. Este elevó de 60 a 65 años la edad de retiro.
Luego de esto, la central sindical PIT-CNT promovió un plebiscito que proponía -entre otras cosas- que ninguna jubilación podía ser menor al salario mínimo, además de la posibilidad de acceder a la jubilación a los 60 años.
A su vez, buscaba eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional para que el sistema fuera gestionado exclusivamente por el Estado.
El plebiscito no alcanzó los votos necesarios para que se implementaran estos cambios.
EFE
Mira también
