Un juez federal allanó el camino el miércoles para el plan del presidente Donald Trump de reducir la fuerza laboral federal con un programa de renuncia diferida.
Fue una victoria legal significativa para el presidente republicano después de una serie de reveses en los tribunales.
“Esto demuestra que la guerra jurídica no prevalecerá en última instancia sobre la voluntad de los 77 millones de estadounidenses que apoyaron al presidente Trump y sus prioridades”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
No hubo respuesta inmediata de los sindicatos que habían demandado por el plan de Trump.
El juez federal de distrito George O’Toole Jr. en Boston determinó que los sindicatos no tenían capacidad legal para impugnar el programa, comúnmente descrito como una baja indemnizada.
Trump quiere utilizar incentivos financieros para alentar a los empleados públicos a que renuncien. Según la Casa Blanca, decenas de miles de trabajadores han aceptado la oferta del gobierno.
El programa de dimisiones diferidas ha sido encabezado por Elon Musk, quien se desempeña como el principal asesor de Trump para reducir el gasto federal. Según el plan, los empleados pueden dejar de trabajar y recibir su salario hasta el 30 de septiembre.
Los sindicatos argumentaron que el plan es ilegal y pidieron a O’Toole que lo mantenga en suspenso y evite que la Oficina de Administración de Personal, u OPM, solicite a más trabajadores que se inscriban.
Un abogado del Departamento de Justicia ha calificado el plan como una “salida humanitaria” para los empleados federales que pueden haber estructurado sus vidas en torno al trabajo remoto y a los que se les ha ordenado regresar a las oficinas gubernamentales.
O’Toole rechazó continuar la restricción a ese programa que había impuesto la semana pasada, alegando, según el diario The Washington Post, que la demanda presentada por sindicatos no puede prosperar porque no tienen legitimidad para denunciar y porque su tribunal carece de la jurisdicción necesaria.
Según datos de la Casa Blanca citados por los medios locales, había 2,3 millones de empleados que podían acogerse a esa opción y unos 65.000 ya habían aceptado el acuerdo.
La OPM anunció a finales de enero que indemnizaría a esos trabajadores si renunciaban antes del 6 de febrero.
La oferta se aplicaba a todos los empleados federales de tiempo completo, excepto al personal militar, a los miembros del Servicio Postal y a quienes trabajan en la aplicación de la ley de inmigración o en la seguridad nacional.
Un grupo de sindicatos que representan a los trabajadores federales había demandado a la OPM por el programa, alegando que faltaba “información básica” en la propuesta y que esta violaba la ley federal, además de poner en duda que el Congreso tenga los fondos necesarios para hacer el pago.
Los actuales presupuestos federales expiran de hecho en marzo, según la ley firmada el pasado de diciembre por el anterior mandatario, el demócrata Joe Biden (2021-2025), que los extendió hasta entonces.
La decisión de O’Toole se produce un día después de que Trump firmara una orden ejecutiva para reducir “significativamente” la plantilla de la Administración pública.
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