La Fiscalía confirmó que cinco de las 10 avionetas sometidas a pericias en el marco de la investigación vinculada a la red del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera dieron resultado positivo a presencia de sustancias controladas, un hallazgo que marca un giro clave en el caso y abre nuevas líneas de investigación sobre la propiedad y uso de estas aeronaves.
El fiscal Julio César Porras informó que los resultados del microaspirado —técnica utilizada para detectar micropartículas de droga— revelaron que, de un total de diez aeronaves analizadas, cinco arrojaron indicios positivos y cinco negativos. “Ese es el informe que tengo: han salido positivos cinco avionetas”, precisó la autoridad.
A partir de estos resultados, el Ministerio Público enfocará sus esfuerzos en identificar a los propietarios de las aeronaves implicadas y determinar su posible participación en actividades ilícitas. “Ahora corresponde establecer a quién pertenecen estas avionetas para continuar con la investigación”, añadió Porras, evitando brindar mayores detalles para no entorpecer el proceso.
Las aeronaves fueron secuestradas en operativos realizados en los aeródromos de Coloradillo y Casa Grande, en el municipio de Warnes, donde se presume operaba parte de la estructura logística de Marset.
Cinco avioentas dieron positivo a partículas de droga
Según el fiscal, las pericias realizadas eran determinantes para avanzar en el caso, ya que permitirán sustentar nuevas actuaciones investigativas, entre ellas posibles allanamientos y requerimientos fiscales. “Desde el momento en que se conocieron los resultados positivos, el equipo investigador ya inició nuevas diligencias”, sostuvo.
Aeronaves sin registros de vuelos
Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, reveló que algunas de las aeronaves presentaban modificaciones estructurales que levantan sospechas sobre su posible uso ilícito.
Informes requeridos a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y a Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) establecen que al menos seis aeronaves con matrícula no registran planes de vuelo desde 2025, mientras que otras ni siquiera cuentan con registro oficial, lo que dificulta el rastreo de sus operaciones.
Además, los aeródromos intervenidos no están habilitados legalmente como terminales aeronáuticas, lo que refuerza la hipótesis de que eran utilizados de manera clandestina.
Porras confirmó que los aeródromos relacionados con el caso permanecen bajo custodia, mientras el fiscal asignado define las siguientes acciones legales en coordinación con la autoridad judicial.
Fuente: El Deber
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