Denuncia afirma que envío del armamento de Argentina a su embajada en Bolivia comenzó a gestarse el 7 de noviembre

La denuncia presentada ayer por el Gobierno Argentino contra el expresidente Mauricio Macri, sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad), Jorge Faurie (Relaciones Exteriores) y Oscar Aguad (Defensa); el exembajador, Normando Álvarez, y otros cinco exfuncionarios, señala que el envío de armamento a su embajada en Bolivia comenzó a gestarse el 7 de noviembre.

El documento indica que el entonces director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Eugenio Cozzi, modificó en esa fecha la regulación de la salida definitiva o temporaria del país de materiales controlados. Esa decisión administrativa flexibilizó los requisitos para las salidas temporarias de armamentos y eliminó las exigencias de informar a la Aduana.

El 11 de noviembre Gendarmería pide la autorización de exportación temporaria del armamento que iban a usar los gendarmes. Allí mismo, dice la acusación, se hizo una ampliación del cupo de municiones a llevar, de acuerdo al reporte del matutino Página 12.

Detalla también que existió otra ampliación del material a trasladar. Ahí figuran los 70.000 cartuchos anti-tumultos y 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano de ‘gas hostigamiento’. Un listado que coincide con la nota de agradecimiento que el 13 de noviembre enviará el entonces jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros.

“Es necesario destacar que el Hércules en el que se trasladaron los gendarmes incluyó el transporte de 177 bultos. Ese avión de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en Bolivia durante la madrugada del 13 de noviembre”, dos días después que Jeanine Áñez asumiera la Presidencia, agrega el reporte.

La demanda indica: «entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019, Mauricio Macri y funcionarios de su Gobierno de todos los niveles, tomaron la decisión de utilizar el traslado de personal de custodia para ni más ni menos, contrabandear material represivo para nutrir y mejorar las capacidades del ‘gobierno de facto’ que ese día asumía el poder ilegítimamente en Bolivia».

Entre los delitos que incluye la demanda está la violación de los artículos 219 y 220 del Código Penal. El primero se refiere a las penas de uno a seis años por realizar «actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno» y que pongan en peligro la paz de la Argentina.

En el caso del artículo 220, se determina penas de seis meses a 2 años para el que viole tratados internacionales, treguas y armisticios. Las sanciones se incrementan si estos actos son cometidos por militares.

El Deber