La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) falló este jueves a favor de Colombia en la última de las disputas legales de ese país contra Nicaragua por el espacio marítimo que rodea a las islas de San Andrés y Providencia.
«La Corte concluye que no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado», dijo Joan Donoghue, presidenta de la CIJ, sobre la demanda que Nicaragua puso contra Colombia ante ese tribunal en 2013.
Managua esperaba que su plataforma continental, el fondo marino que en este caso tiene recursos pesqueros y petroleros, se expandiera más allá de los 320 kilómetros, el límite usual que delimita la soberanía de los países en el mar.
La Corte argumentó que la soberanía de San Andrés y Providencia se vería afectada en caso de que dicha demanda favoreciera a Nicaragua.
Aunque el archipiélago está a 110 kilómetros de la costa nicaragüense y a 720 kilómetros de la costa colombiana, la soberanía sobre el mismo le pertenece a Colombia, hecho ratificado por dicha Corte en 2012.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, y sus antecesores celebraron el fallo de este jueves.
Carlos Argüello, representante de la delegación nicaragüense, declaró en medios locales que su país «respeta la resolución» y celebró que la Corte ratificara que Nicaragua, como cualquier país, es soberano en los 320 kilómetros de mar que se desprenden de su costa caribeña.
«El territorio de Nicaragua por primera vez en su historia está prácticamente completo (…) faltan algunos pequeños puntos, y eso lo seguimos estudiando y será la Presidencia la que nos dará la instrucción de cómo vamos a seguir moviéndonos», aseguró Argüello.
En todo caso, con la resolución del jueves, que no es apelable, se dan por terminadas las demandas de Nicaragua contra Colombia ante tribunales internacionales por la soberanía de una región históricamente disputada.
Estas son las claves para entender el pleito.
1. ¿Qué buscaba Nicaragua?
Para entender este fallo hay que remontarse a las demandas interpuestas por Nicaragua en el pasado, que en un principio pedían despojar a Colombia del control del archipiélago y luego, una vez zanjada la cuestión terrestre, pidió control sobre las aguas.
En 2012, el mismo tribunal falló parcialmente a favor de Nicaragua en una demanda sobre la soberanía de las islas: aunque no les concedió derechos sobre la tierra del archipiélago, el cual es gobernado por Colombia desde 1803, sí expandió su delimitación marítima, quitándole a Colombia soberanía sobre 75.000 kilómetros cuadrados de mar.
En ese momento Colombia rechazó el fallo y se salió del Pacto de Bogotá, un acuerdo firmado en 1948 por países latinoamericanos según el cual los pleitos territoriales se resuelven por medios pacíficos.
Esa salida, sin embargo, no fue instantánea: tomó un año. Y fue en ese periodo que Nicaragua dobló la apuesta y puso dos demandas contra Colombia, una por supuestamente violar sus espacios marítimos y otra para expandir su plataforma territorial.
La resolución de la primera, dada a conocer en abril de 2022, exhortó a Colombia a «cesar inmediatamente» sus operaciones patrulleras en la zona nicaragüense e intentar controlar la pesca y las investigaciones marítimas en esas aguas.
Ahora se da a conocer la resolución de la segunda demanda, que favoreció a Colombia, en la medida en que no se modifica el estado de cosas en la región caribeña.
2. ¿Por qué las islas están controladas por Colombia?
Cuando los españoles empezaron a ejercer control sobre el Caribe tras la conquista de América en 1492, las islas fueron adjudicadas a la Capitanía de Guatemala, en Centroamérica, y luego, a medida que creció el interés de la Corona sobre las mismas, al Virreinato de la Nueva Granada, en lo que hoy es Colombia.
Eso fue formalizado en una Orden Real en 1803 que dio control de las islas a Bogotá, una jurisdicción con mayor poder militar para defenderlas de la amenaza de los piratas.
Pero tres años después se emitió otra resolución que devolvía la Costa de Mosquitos —mas no las islas— a la Capitanía de Guatemala.
Cada país interpretó estas órdenes reales según su propio interés.
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En 1825, cuando ambos países gozaban de autonomía tras la independencia, se firmó un tratado bilateral que concertaba los límites del momento como definitivos. Cada país se concentró en sus propios conflictos internos y, en el caso nicaragüense, en las amenazas de las potencias internacionales interesadas en el control de los canales transatlánticos.
Hasta 1928 no hubo nuevos desarrollos en el tema, cuando se firmó el tratado Esguerra-Bárcenas, que formalizó algo que estaba pasando de facto: Colombia reconoció la soberanía de Nicaragua sobre la Costa de Mosquitos y Nicaragua reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés.
Nicaragua, sin embargo, alega que firmó ese tratado cuando el país estaba controlado por Estados Unidos.
Las cosas se mantuvieron así hasta 1980, cuando la revolución sandinista derrocó al régimen militar de Anastasio Somoza, que estaba apoyado por Estados Unidos, y demandó a Colombia ante la CIJ por la soberanía del archipiélago.
El reclamo nicaragüense queda ahora saldado, al menos en tribunales internacionales: las islas son colombianas y el agua que les rodea debe ser compartida por ambos países.
3. ¿Qué viene ahora?
Aunque el aspecto judicial y político del pleito se ha resuelto, las condiciones sociales del archipiélago y la Costa de Mosquitos están pendientes de soluciones.
«Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago», dijo el presidente Petro tras el fallo.
En efecto, los habitantes raizales de toda esta región, que incluye la costa nicaragüense y parte de Panamá, reclaman que ambos Estados tienen una deuda histórica hacia ellos, en la medida en que sus intereses económicos, culturales y políticos no han sido respetados.
El creole, su lengua nativa, no se enseña en los colegios. Los pescadores artesanales están acorralados por la pesca industrial. El desarrollo turístico de San Andrés, ahora en crisis, ha desplazado muchas prácticas culturales raizales.
Los servicios básicos están concentrados en los hoteles. La misma sustentabilidad de la isla está amenazada por la sobrepoblación, pues allí viven dos veces más personas de lo que, según estudios oficiales, el ecosistema soporta.
Además de esto, los raizales alegan que el pleito internacional rompió el intercambio comercial y cultural que estos pueblos han profesado por siglos. Incluso denuncian que desde Mangua y Bogotá se colonizaron sus tierras, sin respetar su vínculo cultural y económico con las mismas.
En ambos países vive gente de las mismas familias, pero durante décadas su contacto ha estado sometido a los diferendos entre Bogotá y Managua.
El pleito judicial, entonces, puede estar saldado, pero la deuda histórica hacia los pueblos raizales está pendiente.
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