El Tribunal Supremo de España impuso la demolición de una macrourbanización de lujo en la Isla de Valdecañas, ubicada en un embalse del mismo nombre, en la provincia de Extremadura. Después de varias idas y vueltas judiciales, este organismo atendió la demanda presentada por grupos ecologistas ya que esa gigantesca construcción fue levantada en un espacio que pertenece a un área protegida y de conservación de la biodiversidad.
En esa isla de 135 hectáreas, se asientan 185 villas de lujo, un hotel cuatro estrellas, un golf de 18 hoyos, enormes piscinas y playas artificiales, 76 amarras para yates en un suntuoso club náutico y hasta pistas deportivas, que verán llegar las topadoras y reducir todo eso a escombros. En el medio apareció el debate y la polémica por las indemnizaciones que debe afrontar el Estado hacia los particulares aunque, según los ecologistas, ellos sabían del conflicto antes de comprar sus propiedades.
Una sentencia de 2011 ya había anulado el proyecto porque se construyó en terreno protegido y no urbanizable. Sin embargo, en el 2020 en el auto de ejecución de esa sentencia se decidió que no había que tirar lo que ya estaba construido por su «elevado perjuicio económico». Esta argumentación que satisfacía a las autoridades provinciales se basaba en que demoler el complejo tendría un costo de 34 millones de euros mientras que compensar a los «compradores de buena fe» alcanzaría una cifra tres veces mayor.
Este suntuoso proyecto Marina Isla de Valdecañas -ubicado a 2 kilómetros de El Gordo, Cáceres, provincia de Extremadura- había sido denunciado por Adenex y Ecologistas en Acción hace años. Más precisamente en 2007, cuando se puso en marcha la megaobra. Los ambientalistas señalaron que se iba a erguir en terrenos de la Red Natura 2000 (protegida por la Unión Europea). Aún así, se convirtió en un lugar elegido por parte del jet-set español para una escapada con todos los lujos, a una hora de auto desde Madrid, en una autopista que sigue a Portugal, en lo que muchos denominaron, por su lujo, la «Marbella extremeña».
El proyecto contó con inversionistas muy poderosos como, por ejemplo, Beltrán Gómez-Acebo, primo del rey Felipe VI, José María Aznar Jr., hijo del expresidente del Gobierno y el cantante venezolano Carlos Baute, entre otros. Y se constituyó como un lugar predilecto para directivos de grandes empresas y el mundo de la banca nacional e internacional.
En su momento, las autoridades de la provincia de Extremadura habían dado el visto bueno al proyecto de construcción de lujo en la Isla de Valdecañas. De hecho, el gobierno local lo declaró de «Interés regional». Pero en 2019 el Tribunal Constitucional juzgó como ilegal el artículo que se incluyó en la Ley del Suelo y que permitió a la Junta de Extremadura homologar la iniciativa.
Si bien los ecologistas están totalmente a favor del fallo del Tribunal Supremo español, saben que eso los coloca en una situación incómoda frente a los propietarios de las viviendas de lujo que ahora deberán ser demolidas. A los propietarios les queda un recurso en el camino: presentar un amparo ante el Tribunal Constitucional, pero los ambientalistas consideran que tiene poca chances «porque no se ha vulnerado ningún derecho fundamental”.
Tomado de Télam
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