El Senado de Argentina decidió rechazar por mayoría de votos el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente de este país, Javier Milei. La norma modifica o deroga cientos de leyes y forma del plan para desregular y desestatizar al máximo el sistema económico argentino.
Con 42 votos negativos, solo 25 afirmativos y cuatro abstenciones, la Cámara Alta decidió rechazar el DNU y ahora deberá ser la Cámara de Diputados la que decida si el megadecreto sigue vigente.
El rechazo de la norma se produce en medio de fuertes rumores de una división entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, que es presidenta del Senado y sobre la que cayeron críticas desde el Gobierno por permitir que se debata el DNU.
Este nueva derrota legislativa para los libertarios ocurre luego del fracaso en febrero de su otro gran programa de reformas, la denominada “Ley Ómnibus”, una amplia iniciativa que naufragó en Diputados en febrero y que volverá a debate tras sufrir recortes y modificaciones.
Para que sea anulado, el DNU 70/2023 debe ser rechazado ahora por los diputados, que aún no lo abordaron. De ocurrir, sería la primera vez que un DNU es rechazado en el Congreso.
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“Es probable que haya rechazo”, señaló el consultor político Carlos Fara a la AFP. Y, si esto ocurre, “no tendrá un trámite sencillo” en Diputados, que está involucrada en negociaciones entre los gobernadores y el Ejecutivo.
Entre las decenas de leyes derogadas por el DNU está la regulación del mercado de alquileres, que impedía negociar contratos en moneda extranjera, así como normas que limitaban los aumentos que las empresas de medicina privada podían imponer a sus clientes.
Su tratamiento “servirá para dejar en evidencia quiénes son los que están a favor del cambio en Argentina y quiénes son los que están en contra”, dijo Milei el miércoles en una entrevista radial.
“En el DNU proponemos dar más libertad a los argentinos y dar estructuras de mercado más competitivas y terminar con los robos de la política”, aseguró.
El decreto, que enfrenta decenas de amparos judiciales que cuestionan su constitucionalidad, contempla además una reforma laboral que fue suspendida por la justicia en enero a la espera de ser tratada por la Corte Suprema.
Desde su entrada en vigor, la iniciativa cosechó el repudio de sectores sociales afectados por sus desregulaciones, en un contexto de 276% de inflación interanual y con más de la mitad de la población -de casi 46 millones- bajo la línea de pobreza.
Tomado de Unitel
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