El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que el proceso penal seguirá adelante contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su asesora María Cristina Álvarez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
Por su parte, también viene incluido el empresario Juan Carlos Barrabés, referente a los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, acordando el sobreseimiento respecto al delito de intrusismo profesional.
“Se concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas, a fin de que insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales”, indica en el mismo escrito.
También ha aprovechado el auto par solicitar nuevas pruebas. Esto es un requerimiento a Lefebvre-El Derecho S.A. para que aporte las facturas de los servicios prestados para la cátedra de transformación social competitiva. “En cuanto a los informes periciales indicados, pueden aportarse dentro de los plazos procesales”, añade.
La acusación contra Begoña Gómez
La acusación unificada sostuvo que desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, su esposa, Begoña Gómez, expandió rápidamente su red profesional y de influencia, especialmente tras asumir la dirección del IE África Center y su papel en el Máster de Fundraising en la Universidad Complutense (UCM).
Según la acusación, Gómez contrató a su amiga María Cristina Álvarez con salario público para asistirla tanto en actividades profesionales como privadas. Desde 2018, Álvarez Rodríguez habría cobrado 361.423,40 euros brutos desde su cargo en la Moncloa.
La pieza central de la causa es la creación y control de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la UCM. La investigación indica que la esposa de Sánchez registró a su nombre tanto la marca TSC como el dominio web transformatsc.org, emprendiendo la constitución de una sociedad con idéntico nombre en noviembre de 2023. El desarrollo del software de la Cátedra, según la acusación, fue financiado y trabajado con medios públicos y privados Indra, Telefónica, Google y Reale Seguros aportaron un total que supera los 300.000 euros, mientras que la Universidad Complutense cifró el daño patrimonial en al menos 108.765,79 euros.
María Cristina Álvarez Rodríguez estuvo implicada en la gestión y seguimiento de los proyectos vinculados al software de la cátedra y participó representando a la Cátedra TSC, usando el correo institucional de la Moncloa para esas tareas, lo que según la acusación permitía darle “apariencia institucional al proyecto y aumentar el peso de las peticiones”.
Por su parte, Juan Carlos Barrabés Cónsul, empresario tecnológico, habría colaborado en la creación y asesoría de la cátedra y recibido cartas de recomendación desde la dirección del máster firmadas por Gómez, beneficiando a sus empresas en licitaciones públicas.
Las defensas solicitan el cierre del expediente
El fiscal solicitó el archivo de la causa por falta de pruebas fehacientes en etapas anteriores, aunque admitió que el expediente contaba ahora con una “imputación jurídicamente articulada” para ser evaluada en juicio. Se remite a alegaciones ya presentadas que “tras casi dos años de instrucción, sí que existe un relato fáctico y una imputación jurídicamente articulada”.
Por su parte, las defensas de los tres investigados solicitaron el cierre inmediato del expediente, subrayando que los hechos no constituyen delito o que, en caso de haber existido irregularidades, no caen bajo los tipos penales imputados.
El abogado de Gómez sostiene que la acusación “omite hechos relevantes” que descargarían a su representada. Asegura que la cátedra era gratuita, que la financiación nunca entró en su patrimonio y que las cartas de apoyo fueron meros procedimientos habituales en proyectos universitarios.
Sobre el supuesto intrusismo, resaltó que “no ha aparecido ni uno solo de los elementos que sustenten dicho delito”, pues fue la propia UCM la que le indicó a Gómez firmar los pliegos. También negó apropiación indebida, indicando que los dominios y marcas no constituyen bienes muebles sujetos a ese delito: “El término Transformación Social Competitiva fue creado por la Sra. Gómez para dar nombre a la Cátedra. La marca no ha sido registrada, sí los símbolos distintivos de esta”, argumentó.
La defensa de Álvarez añadió que no existe normativa específica que delimite funciones del asistente del cónyuge presidencial, y que el poco tiempo dedicado a tareas privadas no afectó sus obligaciones públicas. Resaltó que de 21 reuniones solo apareció en tres, y en el periodo vacacional anual. También remarcó la inexistencia de pruebas de perjuicio para la UCM derivado de la actuación de su defendida.
Fuente: Infobae
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